El Servicio Andaluz de Salud extendió 46.000 documentos de asistencia temporal a los inmigrantes irregulares que acudieron a los centros públicos de Andalucía, lo que supone un 0,6% del total de la atención primaria que se prestó en la comunidad autónoma. Este documento permite no sólo la asistencia sanitaria sino también la identificación de los pacientes, así como un seguimiento de su historial clínico.

Unos cuidados que se seguirán prestando a todas las personas que acudan a un centro público andaluz a pesar de la legislación que entra en vigor el próximo sábado y que excluye del sistema de salud a las personas que no tengan regularizada su situación en España. Según ha explicado la consejera del ramo, María Jesús Montero, esta medida se toma argumentando “razones de humanidad “ y porque el derecho a la Salud es para todas las personas que habitan en el territorio.

Montero considera, además, que la mejor garantía para la salud pública es el control de todos los colectivos, con lo que se evita que se propaguen enfermedades. En este sentido, ha explicado que las vacunas seguirán siendo gratuitas para todos los niños, independientemente de su procedencia, si bien, los inmigrantes en situación irregular no tienen derecho a medicamentos puesto que no han cotizado, por lo que , si bien la asistencia sanitaria se les continuará prestando, las medicinas tendrán que abonarlas por sus propios medios. Unos medios que, en muchos casos, pasan por las ONG como Cáritas o Cruz Roja.