Las comunidades autónomas han acabado por enmendar, algunas por la puerta trasera, las restricciones que impuso el real decreto ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que excluye del sistema sanitario a quienes pierdan o no tengan permiso de residencia. La medida que pretendía evitar el turismo sanitario –que en su día la ministra Ana Mato cifró en una pérdida de mil millones de euros al año para las arcas públicas– se ha convertido en una decisión considerada injusta por los profesionales y las organizaciones humanitarias y de nula eficacia para las administraciones encargadas directamente de dar las prestaciones.
El Departament de Sanitat catalán ya anunció desde el primer momento que daría a todos los ciudadanos que vivan aquí con o sin permiso asistencia primaria además de atención urgente, porque no hacerlo causaría perjuicios en la salud de estas personas y riesgos para la salud pública. Ayer concretaron el plan para poner un parche al agujero asistencial que ha creado la nueva norma y han añadido otra motivación para hacerlo: evitar el aumento de la vulnerabilidad de colectivos en riesgo de exclusión social.

Para ello, han creado una tarjeta asistencial catalana que sólo se puede utilizar en Catalunya y carece de validez en el resto de las comunidades y en Europa. Este nuevo documento iguala en derechos asistenciales a sus titulares con los que tienen la otra tarjeta, la de antes pero con un periodo de carencia de un año de residencia fehaciente.

Durante ese periodo, que pretende evitar toda clase de turismo sanitario, los ciudadanos excluidos del sistema tendrán acceso –además de a las urgencias, la atención integral a menores y durante el embarazo y parto (como marca el real decreto)– a la asistencia primaria, incluida la farmacia, con un copago del 40%, a los planes de vacunación y de medicina preventiva que se establezcan, así como a la atención especializada que se autorice caso por caso a través de una comisión territorial. “Si una persona sufre una insuficiencia renal, la dializaremos siempre. Si lo que necesita es una vasectomía, es probable que no se le autorice de entrada”, matiza el conseller Boi Ruiz.

Su conselleria saca pecho porque cree que cumple la ley y salva la extraña situación a la que ha abocado la nueva normativa que entra en vigor mañana. “Un total de 600.000 ciudadanos de Catalunya de los 7.649.848 personas con tarjeta sanitaria del CatSalut, han quedado fuera, al menos de momento”, informó ayer el director del CatSalut, Josep Maria Padrosa.

El 7,8% de la población se encontrará a partir de mañana con que su tarjeta no va. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el órgano elegido para acreditar si un ciudadano tiene derecho a asistencia o no en función de la nueva norma, no los reconoce. La mayoría, más de 400.000, son españoles sin recursos, o beneficiarios que no constan por error, miembros de órdenes religiosas que no han cotizado, profesionales liberales, personas que ingresan más de 100.000 euros al año y no cotizan en la Seguridad Social o individuos que constan en más de una comunidad. “Son problemas que en los próximos meses se podrán resolver, probablemente, pidiendo en la oficina del INSS la revisión del caso”, explicó Padrosa. Tendrán seis meses para resolverlo y, mientras, podrán seguir utilizando los servicios sanitarios como antes.

El otro grupo, 180.000 ciudadanos que hasta el 2010 tenían tarjeta sanitaria, son extranjeros a los que el INSS no detecta como cotizantes de la Seguridad Social o beneficiarios. “No sabemos cuántos realmente están aquí, porque es previsible que muchos se hayan marchado a otro lugar al perder el empleo. También habrá muchos de ellos que son menores de edad y, por tanto, tienen derecho a la asistencia integral”, apunta el conseller Ruiz. Para ellos se ha establecido el plan: si ya llevaban un año en Catalunya y no tienen ingresos por encima de la renta mínima, recibirán la tarjeta catalana con toda la asistencia que tenían hasta ahora. Y tendrán que renovarla cada año.

No saben qué les costará. “Lo que es seguro es que no es un coste que determine el déficit del sistema sanitario”, ironizó el conseller Ruiz, que insistió en que los problemas son de gestión anterior y déficit fiscal. Además, señaló, “la principal asistencia que reciben estas personas es la primaria, de sus médicos, que igualmente estarán en su puesto”. “No nos íbamos a ahorrar nada por no atenderles”, añadió.

Otras comunidades han decidido enviar la factura a su país de origen, si es posible. “Nosotros, por supuesto que lo haremos también, tenemos legitimidad para hacerlo”, asegura Ruiz. Y citó un hecho curioso: el Ministerio de Sanidad les ha enviado la queja de varias aseguradoras de diversos países que creen que en Catalunya y Baleares, sobre todo, se presiona a los turistas para que usen su seguro de viajes cuando están enfermos en lugar de pedirles la tarjeta sanitaria europea, que costea cada servicio sanitario público.

El conseller cree que el Ministerio de Sanidad “se ha enrocado” en entregar a la Seguridad Social –que no tiene nada que ver con la asistencia sanitaria desde hace más de 20 años– la acreditación del derecho a asistencia. Y esa es de hecho una de las causas de la situación actual. “Creo que más por tozudez administrativa que por voluntad de cambiar nada”.

Pero mañana 600.000 ciudadanos pueden encontrarse con una tarjeta sanitaria inactiva y tendrán que demostrar que pertenece a alguno de los grupos que se citan en el real decreto. La ciudadanía no bastará. La ministra de Sanidad sostiene en sus discursos que el sistema sanitario sigue siendo universal y gratuito.