UGT ve “dudosamente constitucional” la anulación de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación administrativa irregular, una medida que, en su opinión, afecta al derecho a la protección de la salud de las personas y de la población en general.

El sindicato sostiene que negar la Sanidad a las personas que no cotizan a la Seguridad Social “dificulta o puede eliminar” el derecho a la salud o “crear periodos de desatención e interrupción de tratamientos” para ciudadanos españoles, comunitarios y extranjeros no comunitarios en situación administrativa regular.

“El Ministerio ha lanzado mensajes contradictorios y faltos de rigor, como que se podrían suscribir convenios especiales con la Seguridad Social”, asevera la plataforma en una nota de prensa, que tacha esta posibilidad de “inviable” para los extranjeros sin papeles.

En esta línea, apunta que el departamento que dirige Ana Mato ha insistido en que se atenderá a los enfermos crónicos indocumentados “siempre que paguen”, pero alega que a fecha de este jueves “no se ha regulado nada al respecto”.

Lo único que “parece claro”, a juicio de UGT, es que se trata de “colocar a estas personas y, especialmente a algunas, en la disyuntiva de retornar a sus países de origen, que para muchas no es una opción, o que su salud se deteriore, y en algunos supuestos, se ponga en riesgo su vida”.