No sólo ciertas comunidades autónomas se rebelarán contra la reforma de Sanidad, también lo harán algunos profesionales de la sanidad. Hasta ayer, 1.650 facultativos habían anunciado su intención de seguir atendiendo a los inmigrantes ‘sin papeles’ independientemente de si pueden o no pagar la asistencia. La mayoría son médicos de familia, pero también se han sumado a esta iniciativa de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) internistas, personal de enfermería, psiquiatras y pediatras. Casi uno de cada cuatro objetores, el 22%, trabaja en la Comunidad de Madrid, seguida de Cataluña, un 12%, y Valencia con el 9% de los registrados en esta iniciativa. La plataforma propuso un «paquete básico» de servicios para el inmigrante, que incluye atención primaria, actividades preventivas, atención a la discapacidad y prescripción de medicamentos esenciales. Invitan al Gobierno a dar «marcha atrás» porque la reforma es contraria «a la lealtad médico-paciente y que siempre debe prevalecer».