El de ayer fue el primer Consello de la Xunta en tiempo de descuento antes de las elecciones. Y el Gobierno lo resolvió con tres anuncios: los astilleros gallegos hacen nuevas ofertas a Pemex, la aportación de dinero público a la jornada electoral caerá casi cinco millones de euros (de 14,6 a 9,8) y los inmigrantes sin papeles serán atendidos en los centros de salud del Sergas. Todos —Feijóo los cifró en unos 9.000— y en todos los servicios del sistema sanitario público. El presidente concretó así la solución a las reservas que expresó cuando el Ejecutivo de Rajoy aprobó que los sin documentos quedasen fuera de la cobertura de la sanidad pública.

Aunque, en realidad, los detalles técnicos tampoco abundaron. A la espera de que la Consellería de Sanidade haga pública la instrucción que dirigirá a sus trabajadores, Alberto Núñez Feijóo optó por la explicación política. “Estamos recogiendo el fruto del rigor económico”, afirmó, “y esta solvencia nos permite ahora elaborar un programa para blindar la asistencia sanitaria de los inmigrantes sin papeles”. Como el miércoles, también ayer se acordó de Cataluña y su petición de ayuda a los fondos que el Gobierno central habilitó a tal fin. “Nosostros no hemos tenido que acudir a ningún mecanismo extraordinario de rescate”, se ufanó Feijóo.

La contradicción que esta medida causará con las políticas del Ministerio de Sanidad —donde la exconselleira del ramo, Pilar Farjas, es ahora secretaria general—, no entró en las explicaciones del presidente de la Xunta. Un escueto “la instrucción señalará el cumplimiento de la legislación nacional” fue toda la argumentación sobre el particular. “Vamos a garantizar la asistencia sanitaria a quienes no la puedan recibir de otra manera”, añadió. Galicia es la primera comunidad dirigida por el PP que corrige la normativa del Gobierno de Madrid.

Para ello, y este fue uno de los pocos datos específicos que ofreció, el Sergas entregará un documento que acredite que el paciente no tiene recursos y que es vecino de Galicia. Habrá un período mínimo de empadronamiento, que ayer Feijóo no desveló, antes de que la Xunta considere que una persona sin papeles puede usar la sanidad pública. Cuando Pilar Farjas todavía era conselleira de Sanidade, proclamó su intención de restringir la medicina pública a aquellas personas que no llevasen, por lo menos, seis meses residiendo en Galicia. Incluía a inmigrantes, a extranjeros y a ciudadanos de otras comunidades autónomas. El ministerio, entonces en manos de la socialista Leire Pajín, calificó de “ilegal” la iniciativa y aseguró que incumplía la Ley de Cohesión Sanitaria y la Ley de Extranjería. Ayer, Feijóo insistió en numerosas ocasiones en la necesidad de “evitar el turismo sanitario”, un fantasma que esta Xunta evoca a menudo pero que nunca acaba de cuantificar con exactitud.

Quien tiene y quien no tiene recursos lo establecerá Sanidade a través del Índice Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). “Se trata del índice convencionalmente utilizado para determinar si la renta de una persona llega al mínimo o no”, expuso el presidente. Las cifras derivadas de este medidor —activo desde el año 2004, cuando pasó a substituir el salario mínimo interprofesional— son las empleadas para la concesión de becas, subvenciones o el subsidio de desempleo. Feijóo volvió a la lectura política de su decisión y la arrimó a la defensa del déficit cero. “El control del déficit público tiene consecuencias beneficiosas en lo económico y en lo social”, indicó.

El decreto promulgado por el Gobierno central a comienzos de este mes prohíbe el acceso a la sanidad pública a los inmigrantes sin papeles. Tras las protestas de colectivos y partidos, la ministra Ana Mato rectificó y dijo que los médicos sí atenderían en urgencias y a las mujeres embarazadas. Asociaciones profesionales ya han avisado de que no aplicarán la norma y seguirán pasando consulta a todo el mundo.