La Plataforma de Entidades Sociales (PES) de Navarra se mostró ayer preocupada y plagada de incertidumbre después de que el departamento de Salud anunciara su intención de que el gasto de la atención sanitaria de las personas inmigrantes que no disponen de papeles, es decir que se encuentran en situación irregular, corra a cargo del departamento de Política Social (a través de Cooperación Internacional al Desarrollo y Atención a la Inmigración) “suponiendo un nuevo recorte para el mantenimiento de los servicios sociales públicos y convirtiendo esta atención en un servicio relacionado con la beneficencia o la solidaridad mal entendida cuando la salud es un derecho reconocido”, afirmó Patricia Ruiz, coordinadora de Médicos del Mundo.

pamplona. “Es inaceptable el continuo recorte en este ámbito y estamos a la espera de saber cómo nos va a afectar el recorte de 132 millones que el Gobierno preveía en 2012 y la disminución del 7,31% que han anunciado en el techo de gasto para el año que viene”. “Creemos que esa medida de que Política Social asuma el coste de los sin papeles a través de una póliza de seguro supone que conocen que es más por un problema de sanidad pública que por la salud”, dijo Ruiz.

Ella expuso junto a Ubaldo González (Red de Lucha contra la Pobreza) “el firme rechazo” de las entidades sociales a una “medida injusta, insolidaria y xenófoba, que lo único que va a provocar es que se reparta la pobreza. Quitar a los que no tienen nada en el Sur para no incrementar el gasto social”. Según recordaron, las personas inmigrantes sin papeles “ya pagan la sanidad pública, ya que ésta se financia a través de los impuestos (IVA, combustible…) que paga todo aquel residente en Navarra a través del consumo” y desmintieron al Gobierno foral, que justifica las medidas “amparándose en un ficticio ahorro económico, cuando la medida resulta más costosa e ineficaz. Va a aumentar el gasto en salud, porque la atención en Urgencias es mucho más cara y, además, la argumentación es falsa porque los sin papeles no suelen acudir a la sanidad, ya que son personas jóvenes, que no suelen utilizar este servicio y cuyo porcentaje de gasto es mínimo”.

Sobre la instrucción que el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) ha enviado a los centros de atención primaria para que se siga atendiendo a los inmigrantes “tal y como hasta ahora”, los representantes de la plataforma manifestaron que “eso significa seguir excluyendo. Hay gente que no tiene acceso a la sanidad porque se llevan muchos meses en los que no se emiten tarjetas sanitarias. Como las medidas a acometer no las tienen elaboradas y no tienen alternativas, se van a dar un plazo de tiempo hasta que tengan articulado un sistema óptimo. Pero es solo un retraso”.

Por último, denunciaron que en Navarra se está produciendo “una fractura social que se ceba con el sector más débil. Es un colectivo que tiene dificultad de reacción y al que le falta organización que no tiene acceso ni a los mínimos”. Resaltaron que la situación actual “está haciendo pasar hambre en Navarra a unas 15.000-20.000 personas”.

PSN: ¿CÓMO SE FINANCIA? Precisamente ayer, el PSN también opinó en esta línea después de un tiempo en silencio. Así, su parlamentaria, María Victoria Arraiza, demandó información al Gobierno de UPN para conocer “con qué partida o partidas presupuestarias concretas pretende financiar las cuotas de Salud para las personas inmigrantes en situación irregular en Navarra, por una cuantía prevista de 1,6 millones de euros”. En la pregunta, la parlamentaria socialista también se interesa por qué proyectos o programas pueden verse afectados. En este sentido, la parlamentaria destaca que, según datos del Observatorio de Atención a la Inmigración de Navarra, en la Comunidad Foral residen un total de 2.150 personas inmigrantes en situación irregular mayores de 18 años, el 1% mayores de 65 años.