Cataluña, Galicia, País Vasco, Asturias y Andalucía seguirán atendiéndoles
Madrid – Mañana entra en vigor la nueva medida que ha puesto en marcha el ministerio de Ana Mato para seguir con la línea de ahorro que busca reducir el gasto sanitario. Los inmigrantes que vivan en situación de irregularidad en nuestro país no dispondrán de tarjeta sanitaria y estarán obligados a abonar la asistencia que se les preste. La decisión de Sanidad ha generado una gran controversia entre las comunidades autónomas, en especial en las que no gobierna el Partido Popular, que planean nuevas fórmulas para eludir la decisión del Gobierno central. Así, los medicos de Atención Primaria alertan de que la falta de asistencia a «sin papeles» en algunas regiones puede provocar «trasvases de pacientes de una comunidad a otra». Desde el Semergen (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria) también insisten en que la exclusión de pacientes irregulares «dificultará la continuidad de tratamiento y posiblemente sobrecargará los servicios de urgencias». Esta situación «complica aún más la ya habitual elevada demanda de asistencia sanitaria que sufren estos servicios», insisten en un comunicado.

Navarra fue la primera comunidad «díscola» en anunciar el mecanismo que iba a utilizar para tratar a las inmigrantes sin papeles. El Gobierno navarro destinará 1,68 millones de euros a mantener este servicio. Eso sí, los beneficiarios deberán estar empadronados, no contar con antecedentes penales y que su salario mensual no supere los 600 euros. Galicia, una de las pocas comunidades del PP que se opone a la medida de Mato, sigue un patrón similar al navarro. Su presidente, Alberto Núñez Feijoó anunció ayer que «blindará la salud pública». No obstante, sólo tendrán derecho de asistencia aquellos que estén censados en su comunidad y carezcan de recursos.

La Generalitat catalana asegura que mantendrá los mismos servicios sanitarios para aquellos que no estén asegurados, aunque les dará un plazo de seis meses para regularizar su situación y pasar un evaluación del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) para acceder a la atención hospitalaria especializada, con el objetivo de evitar el turismo sanitario.

Tanto Aragón como la Comunidad Valenciana aseguran la asistencia universal, pero afirman que a los no asegurados se les pasará la factura correspondiente. Luis Rosado, consejero valenciano de Sanidad, insistió en que los 30.000 «sin papeles» que viven en su territorio los que «no puedan pagar la factura no pasa nada». Por su parte, Andalucía, mantiene su postura: «Mantendrá la protección universal de todos los ciudadanos tengan el origen que tengan», sostiene su consejera.