La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) alertó ayer de que los diferentes posicionamientos que están adoptando las autonomías en relación a la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares o ‘sin papeles’ puede provocar «trasvases de pacientes de una comunidad que no preste la atención a otra que sí lo haga», como es el caso del País Vasco, Andalucía o Cataluña. Asimismo, los facultativos insistieron en que esta exclusión dificultará los cuidados de estos enfermos y «posiblemente sobrecargará los servicios de Urgencias, que ya sufren una elevada demanda».

La entidad asegura también que esta medida pone a los médicos en una «difícil situación ética y profesional» por la obligatoriedad de cumplir con un deber legal frente a la posible violación del código deontológico médico y del derecho médico internacional.

No obstante, advierten de que la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios «no está prevista legalmente, salvo en el caso de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción del embarazo». Por ello, recuerdan a quien quiera acogerse a ésta cláusula que «la invocación que a título individual pudiera llevarse a cabo debería ser resuelta ante los tribunales de justicia».

Pacientes con sida

Ayer mismo, el Observatorio de Derechos Humanos la Red Comunitaria sobre el VIH (Redvih) denunció que algunos hospitales ya están negando el tratamiento a los inmigrantes en situación irregular con sida, «lo que aumentará la mortalidad y facilitará la transmisión de virus». Redvih sostiene que el Gobierno no tiene evidencias de que el pretendido ahorro que aspira a lograr negando la tarjeta sanitaria a extranjeros indocumentados pueda superar «el nuevo gasto que se generará con más hospitalizaciones y la atención en Urgencias».