Los consejeros de Sanidad del País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias rechazaron ayer en una declaración conjunta «las políticas regresivas» del Gobierno central, al que acusaron de imponer «un modelo económico y social basado en la restricción de derechos fundamentales básicos como son la educación y la sanidad».
Con esta declaración, los máximos responsables de Salud de las cuatro comunidades justificaron su decisión de no acudir a una reunión convocada en Valladolid por la ministra de Sanidad, Ana Mato, para analizar con los responsables autonómicos el impacto de las medidas de la reforma sanitaria que ya se han puesto en marcha.
En el comunicado, que supone un nuevo desafío al Ejecutivo por parte de autonomías no gobernadas por el PP, los consejeros subrayan su negativa «a respaldar» con su presencia la política del Gobierno. Lo que no quieren de ninguna manera es aparecer en una misma foto con la ministra en vísperas de la aplicación de «dos nuevos recortes» como son la retirada de medicamentos del sistema de financiación pública y la implantación «de un sistema de aseguramiento que pone fuera de la asistencia sanitaria pública a ciudadanos españoles, que ahora dependen de su situación de dependencia familiar o nivel de rentas, y de extranjeros que residen en España».
Los consejeros sostienen que la solución a la actual situación de retracción de la economía no pasa «por imponer un modelo económico y social» basado en la restricción de derechos básicos ni en la privatización de la cobertura y gestión de los servicios públicos.
Acuerdos comunes
Por el contrario, insisten en que el mantenimiento de una sociedad «cohesionada, equitativa y con una sanidad y educación de calidad» son bases «esenciales» para hacer frente a la crisis. Las cuatro comunidades aseguran que la «mayor fortaleza» del Sistema Nacional de Salud es su «amplio» respaldo popular y profesional que, según destacan, ha contado «con el apoyo de todos los partidos españoles que tanto en los diferentes gobiernos de España como autonómicos han hecho posible un Sistema Nacional de Salud moderno, de calidad y eficiente en lo económico».
A su juicio, en la actual situación económica es necesario «hacer reformas» por medio de «acuerdos comunes entre responsables políticos, profesionales y agentes sociales». Pero ese respaldo social, político y profesional, advierten, «puede quebrarse si prolifera la pérdida de los principios de equidad y cohesión».
En su rechazo a las medidas del Gobierno central, los consejeros consideran necesario «desterrar definitivamente los tópicos de la ineficacia y despreocupación» que frecuentemente se adjudica a las administraciones, servicios y empleados públicos. «Debemos dignificar su labor ante la sociedad, prestigiar su papel y trabajar de manera conjunta para salir reforzados de esta crisis», añaden.
Papel de las autonomías
Sobre la coyuntura de la sanidad pública, los cuatro consejeros reclaman al Ministerio que «respete el papel y ámbito de decisión de las autonomías» y que entienda que «la sanidad es un espacio constitucional de responsabilidad compartida donde las autonomías han acumulado además un enorme bagaje de experiencias en la mejora de la calidad y eficiencia de la sanidad española sobre la que construir una salida a los actuales desafíos sin menoscabo de los derechos de la ciudadanía». Además, recuerdan que la reforma del Sistema Nacional de Salud «debe de partir siempre del diálogo conjunto institucional y democrático». Es una situación que, en su opinión, no se ha dado hasta el momento.