A dos días de que 11.000 inmigrantes sin papeles se queden sin tarjeta sanitaria en la Región (otros 125.000 la perderán en el resto de España), Ministerio y comunidades autónomas continúan ofreciendo explicaciones contradictoria s. La ceremonia de la confusión llegó ayer a su punto álgido, cuando en una reunión ‘informal’ de la ministra de Sanidad con los consejeros, Ana Mato anunció que quienes pierdan la tarjeta «deberán abonar» la asistencia «conforme estipulaba la Ley General de Sanidad de 1986». De esta forma, «nadie va a quedar desatendido», añadió.

Según Mato, a partir del sábado las comunidades facturarán el coste del servicio a los enfermos crónicos que reciben tratamiento (o a sus países de origen si hubiese convenio) y a quienes acudan a los hospitales por alguna urgencia. La explicación se contradice con la que ofrece la Consejería, que la semana pasada ya anunció que 2.390 enfermos crónicos seguirán siendo atendidos en el Servicio Murciano de Salud sin coste alguno. Fuentes de este departamento insistieron ayer en que se mantienen estos planes, que pasan también por no facturar a quienes acudan a Urgencias salvo que tengan algún seguro privado o dispongan de tarjeta del sistema sanitario público de su nación de origen (además, debería existir un convenio con ese país). En ningún caso se plantea la facturación directa al paciente, explicaron estas fuentes.

La consejera, Ángeles Palacios, no se refirió a las declaraciones de Ana Mato, y se limitó a explicar, en un comunicado, que «nadie se quedará desatendido ya que la finalidad es regularizar la condición de asegurado». Tras la reunión en Valladolid, el consejero de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, se encargó de ofrecer una valoración en nombre de todos los representantes autonómicos (no acudieron País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias). Las declaraciones de Aguado fueron buena muestra de la confusión que existe, al admitir a los periodistas que no podía explicar «con claridad» qué procedimiento se llevará a cabo en Castilla y León para tratar de cobrar la asistencia a los ‘sin papeles’, según recogió la agencia Europa Press.

El consejero recordó que el Ministerio ha establecido una póliza de 710 euros anuales que permitiría a los irregulares mantenerse en el sistema (aunque asumiendo el 100% del coste de los medicamentos).

Circular a los administrativos

Mientras continúan las declaraciones en uno y otro sentido, ni los administrativos ni los sanitarios del Servicio Murciano de Salud han recibido todavía información sobre la situación que se creará este sábado. Fuentes de la Consejería explicaron que hoy se enviará una circular al personal administrativo para aclarar «pequeños detalles».