La ministra de Sanidad, Ana Mato, se reunió informalmente ayer en Valladolid con los consejeros de su especialidad de nueve comunidades autónomas – ocho del PP y Cataluña; se ignora el criterio de selección – para evaluar el resultado de las últimas reformas y efectuar propuestas. Entre los asuntos tratados, se ha hablado del personal funcionario y la opinión mayoritaria de los presentes ha sido favorable a que el sistema de retribuciones de los profesionales de la Sanidad sea «menos homogéneo» y primen en mayor medida en él aspectos como la calidad en el desempeño del puesto de trabajo o la preocupación por la formación. La idea en abstracto es inobjetable, pero su mero enunciado, en medio de importantes recortes, habrá provocado zozobra en todos los escalafones de la sanidad, sin excepción. No parece éste el momento más adecuado para experimentar con nuevos modelos de organización y de retribución, cuando en la mayoría de los casos se exigirá a los funcionarios de la Sanidad multiplicar el esfuerzo con menor salario. El otro gran asunto que ha salido al debate, según los reunidos, ha sido la exclusión de los inmigrantes en situación irregular, que al parecer debe generar alguna mala conciencia porque es recurrente en el discurso de los responsables de la sanidad. La ministra Mato ha vuelto a invocar la Ley General de Sanidad de 1986 para justificar el cobro de las prestaciones y ha mezclado el problema de estos inmigrantes con el turismo sanitario, cuya eliminación nadie cuestiona y que representaba la atención improcedente a unos 600.000 pacientes al año. En cambio, la exclusión de unas 150.000 personas sin papeles, además de éticamente indefendible, proporcionará un ahorro poco relevante y en cambio generará disfunciones serias en todo el sistema. Los criterios de austeridad están dando frutos – ha habido recortes importantes en el gasto farmacéutico, por ejemplo – y el reto de conseguir mantener la calidad con menos recursos se está resolviendo bastante decorosamente. En estas circunstancias, no parece oportuno improvisar cambios innecesarios, ni buscar titulares innovadores todos los días, ni contaminar el modelo con exclusiones que chocan frontalmente con un sistema público cuya universalidad es, por definición, un elemento inseparable de la calidad.