Las comunidades ultiman mecanismos para dar cobertura sanitaria a los inmigrantes que pierdan sus derechos
VALLADOLID/Madrid – La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, aseguró ayer en Valladolid que «nadie va a quedar desatendido» cuando acuda a un centro de salud de nuestro país, si bien concretó que quien no disponga de tarjeta sanitaria deberá abonar dicha asistencia, tal y como fijaba la Ley General de Sanidad de 1986. «No es una cuestión de ajuste económico, sino que se trata de cumplir con el reglamento europeo y con las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas, además de garantizar el principio de reciprocidad en relación con el tratamiento que reciben los españoles fuera de nuestras fronteras», recordó. La medida, que afectará a 153.000 inmigrantes y supondrá un ahorro estimado de 500 millones de euros, entra en vigor el próximo sábado. Las comunidades gobernadas por el PP aceptarán la medida y el resto buscan fórmulas para seguir prestando esta asistencia a pesar de estar obligadas por el real decreto de reforma de la Sanidad.

NAVARRA. Los 2.150 inmigrantes irregulares sin ingresos residentes en la comunidad desde hace al menos un año podrán solicitar una prestación para después pagar la cuota de sanidad. Así, deberán aportar el padrón municipal que acredite su situación. Para ello, el Gobierno navarro ha destinado una partida de 1,68 millones.

 PAÍS VASCO y ANDALUCÍA.  Ambos gobiernos continúan el pulso con la Administración central y mantendrán la asistencia universal para todos, sin excepción y sin cobrar ningún tipo de cuota hasta que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos que han interpuesto.

ASTURIAS. Atenderá a los inmigrantes irregulares y les recetará medicamentos. Para la prescripción de estos fármacos, las ONG prepararán un modelo de receta no oficial que pueda ser expedida por los médicos y dispensada luego a través de estas organizaciones.

CANARIAS. Era una de las comunidades rebeldes, pero finalmente acatará la norma y no atenderá a los inmigrantes irregulares, excepto a los que ya estén recibiendo algún tratamiento.

CATALUÑA. El Ejecutivo catalán mantendrá el acceso universal a la Sanidad, pero reformará la ley de acceso a la asistencia sanitaria de 2010 para que sólo puedan acceder a ella las personas que acrediten que residen en la comunidad desde hace al menos seis meses.

CASTILLA Y LEÓN. El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, fue rotundo al apuntar, en alusión a alguna comunidad díscola, que «no puedo entender cómo se puede decir que no se va a aplicar un real decreto ley». Sin embargo, apuntó que, «si tuviéramos un régimen fiscal como el de Navarra, haríamos lo mismo», explicó, a la par que añadió que, «no obstante, existen ayudas canalizadas a través de la Consejería de Igualdad de Oportunidades y diversas ONG».

ARAGÓN. El Gobierno popular estudia la posibilidad de que los médicos puedan antender a los inmigrantes irregulares , pero fuera del horario de consultas, aunque la medida ha perdido fuerza en los últimos días.

MADRID Y C. VALENCIANA. Acatarán la norma. La primera cobrará los tratamientos iniciados a partir del 31 de agosto. El Gobierno valenciano derivará a los irregulares a ONG y a beneficencia, con las que se firmarán convenios.

EXTREMADURA. Los profesionales sanitarios tratarán de sortear las trabas para que nadie se quede sin tratamiento, sobre todo en el caso de los enfermos crónicos.

Además, los departamentos de Sanidad de Andalucía, Asturias, Canarias y País Vasco  firmaron ayer un documento conjunto en el que  plasman su rechazo a medidas como la «retirada de medicamentos del sistema de financiación pública» y a la «implantación de un sistema que pone fuera de la asistencia sanitaria pública a ciudadanos españoles» y «a extranjeros que residen en España».
 
Cobertura asegurada
La reforma que entra en vigor el próximo sábado dejará sin tarjeta sanitaria a todos aquellos que no coticen a la seguridad social, con la excepción de las mujeres embarazadas, los menores de edad. Esto no significa que los inmigrantes irregulares y los rentistas queden desatendidos. Todos ellos recibirán atención de urgencia de manera gratuita. Para acceder a los centros de salud, a los especialistas y a la financiación de los medicamentos, tendrán que suscribir una póliza. Esta medida se pone en marcha para acabar con el turismo sanitario y para cumplir con el reglamento europeo y garantizar el principio de reciprocidad en relación con el tratamiento que reciben los españoles cuando son atendidos en otros países.