Más de 153.000 inmigrantes irregulares perderán su tarjeta sanitaria el próximo sábado, una medida con la que el Ministerio de Sanidad espera ahorrar alrededor de 500 millones de euros y que hará extensiva también a los rentistas con ingresos superiores a 100.000 euros. No obstante, la situación cambiará según las comunidades. País Vasco, Andalucía, Asturias y Cataluña han anunciado que seguirán atendiendo a los ‘sin papeles’.

El resto de autonomías aplicarán los cambios dictados por el Gobierno, por la vía de un decreto; aunque algunas regiones buscan resquicios legales dentro de sus competencias para esquivar el ‘tijeretazo’. Navarra, por ejemplo, creará unas ayudas para que los extranjeros afectados paguen la cobertura sanitaria si demuestran que no tienen recursos.

El recorte sanitario, del que quedarán excluidos los inmigrantes que sean menores edad o mujeres embarazadas, ha despertado un fuerte rechazo entre las ONG y el colectivo médico. Numerosas organizaciones sanitarias han rechazado el decreto del Ministerio de Sanidad y han amenazado con no cumplirlo. De momento, más de 1.600 facultativos se han acogido a la objeción de conciencia, a través de un registro elaborado por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria.

‘Salud sin condiciones’

El sábado, coincidiendo con la entrada en vigor de los cambios, las ONG integradas en la plataforma ‘Tenemos derecho a la salud sin condiciones’ se manifestarán en varias ciudades españolas para exigir al Gobierno del PP que dé marcha atrás. Previamente, la ministra de Sanidad, Ana Mato, se reunirá hoy en Valladolid con sus homólogos autonómicos para evaluar el impacto de los cambios.

El Partido Popular ha acusado a a las formaciones de oposición de hacer «demagogia» con esta cuestión, mientras que el PSOE, IU y las centrales acusan al Gobierno de Rajoy de menoscabar la universalidad del sistema público de salud y poner en marcha una medida xenófoba.

Con el recorte a inmigrantes y rentistas, la Administración central espera ahorrar unos 500 millones de euros anuales. Ahora bien, si se multiplica el gasto ‘per cápita’ en Sanidad – 1.600 euros – por los 153.469 ‘irregulares’ afectados en principio por la medida – el cálculo se ha hecho sobre la estadística de empadronados – , el ahorro sería solo de 245 millones; es decir, ni siquiera la mitad de lo previsto por el Ejecutivo central.

No obstante, la suma real podría ser muy superior habida cuenta de que el colectivo de ‘sin papeles’ es probablemente mucho más numeroso de lo que indican las estadísticas. Y es que los extranjeros en situación irregular también traen a España a sus allegados. Algunas ONG aumentan el colectivo hasta casi un millón de personas.

En cualquier caso, CC OO y UGT, así como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, recuerdan que la retirada de las tarjetas sanitarias a los inmigrantes sin permiso de trabajo no ahorrará mucho dinero a las arcas públicas porque ellos hacen un «bajo» uso de las consultas al tratarse de un grupo eminentemente joven y activo. Los facultativos de urgencias han precisado de que esos servicios se colapsarán cuando los ‘indocumentados’ solo tengan esta vía para resolver una enfermedad común.

En principio, y a expensas de lo que decidan las comunidades autónomas en sus respectivos territorios, los ‘sin papeles’ y los ciudadanos europeos no asegurados tendrán una alternativa. El Ministerio de Sanidad les ofrecerá pagar una póliza para disfrutar de cobertura sanitaria completa: 59,20 euros al mes para los menores de 65 años y 155,40 mensuales para el resto, si bien esa medida aún es objeto de debate.

No obstante, el Gobierno de Rajoy se ha comprometido a no dejar sin tratamiento a los enfermos crónicos o graves, aunque en este caso la atención la financiará el país de origen si hay convenio de colaboración. Si no existiera, el inmigrante será atendido cuando el facultativo determine un riesgo vital.