Los colectivos que impulsan el movimiento de objeción de conciencia ante la exclusión de los inmigrantes sin papeles del sistema sanitario aplauden la decisión de la Consejería de mantener la asistencia a los 2.390 irregulares que en este momento están siendo tratados en la Región de alguna enfermedad crónica. Sin embargo, al mismo tiempo denuncian que otros muchos inmigrantes se quedarán a partir de este sábado sin tarjeta sanitaria y sin derecho a ser atendidos más allá de las urgencias.

«La objeción sigue siendo necesaria porque a la mayoría de pacientes se les sigue dejando fuera y porque quedan muchas dudas y problemas prácticos por resolver», señala Abel Novoa, médico objetor y miembro de la Red Ciudadana por la Salud, que impulsa este movimiento de protesta. Según datos de la propia Consejería, 11.000 personas se quedarán este sábado sin tarjeta sanitaria y sin derecho a seguir acudiendo a su médico de familia.

La Asociación de Usuarios de la Sanidad también denuncia que el problema persiste. «Se ha generado una gran inseguridad jurídica. Si el inmigrante sin tarjeta va al centro de salud, ¿quién va a decidir si puede acceder a la consulta del médico? ¿Van a ser los administrativos quienes determinar si es una urgencia o no?», se pregunta Teresa Martín, una de las portavoces de esta organización.

Por último, la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) pidió ayer a la consejera, Ángeles Palacios, que «continúe la reflexión iniciada» con la «rectificación» en la atención a los enfermos crónicos y mantenga la tarjeta sanitaria a todos los ‘sin papeles’. La ADSP subrayó, en un comunicado, que la medida que entra en vigor este sábado «no supondrá un ahorro importante y saturará las urgencias hospitalarias».