Agarrados a la esperanza de ese hogar alternativo que prometió François Hollande durante su campaña electoral, niños y adultos cargados con sus escasas pertenencias en maletas y bolsas plásticas dirigían ayer sus miradas al ayuntamiento de Evry en busca de respuestas. Dejaban atrás por la fuerza el que había sido su refugio desde hace cuatro meses. Las autoridades de esa localidad situada a apenas 25 kilómetros de París dieron a la Policía una orden clara: desalojar el campamento ilegal, en el que vivían alrededor de 70 gitanos, entre ellos una veintena de menores. Los motivos, una «insoportable» situación sanitaria y de seguridad.

Precarias caravanas y chabolas situadas casi en las vías del tren y colindantes con un hospital abandonado habían dado cobijo hasta entonces a más de una decena de familias gitanas procedentes de Rumanía y Bulgaria. El de ayer, sin embargo, no era el primer desmantelamiento de este tipo desde la vuelta de los socialistas al poder. A inicios de agosto, el Gobierno desalojó a otras 300 personas de sus campamentos irregulares en Lyon y Lille. Una acción que habían criticado previamente a Nicolas Sarkozy y que ha vuelto a desatar las alarmas y las quejas de la Comisión Europea por el trato que reciben estas comunidades integradas en la UE.

El ministro de Interior galo y durante años alcalde de Evry, Manuel Valls, resaltó en cambio la importancia de la medida y anunció que las desarticulaciones de campamentos continuarán. En su lugar, reclamó a los Ejecutivos de Rumanía y Bulgaria que mejoren la política de integración de los gitanos. «Es en esos países donde hay que buscar soluciones porque esas poblaciones están estigmatizadas y a veces perseguidas», afirmó.

Valls, considerado uno de los miembros más conservadores del actual Ejecutivo de centro – izquierda, prefirió en cambio guardar silencio sobre los acuerdos alcanzados en una reunión celebrada el pasado miércoles para flexibilizar la barreras laborales a estas comunidades.