Solo en Fuerteventura, entre 1.500 y 2.000 inmigrantes en situación irregulares temen quedarse sin prestación sanitaria. El Gobierno canario calcula que pueden ser unas 20.000 las personas afectadas, si bien menores, embarazadas, enfermos graves y los de lista de espera serán tratados.

Colectivos de personas inmigrantes y asociaciones que los apoyan en Fuerteventura han constituido la Mesa Ciudadana por una Sanidad Universal. Calculan que en la isla majorera entre 1.500 y 2.000 personas podrían perder el derecho a la asistencia sanitaria el próximo 1 de septiembre. Alain Randon, Faissal Ellatifi y Madiop Fall, representantes de asociaciones de inmigrantes y ONG de Fuerteventura, exigieron ayer al Gobierno de Canarias que manifieste, «sin ambigüedades», cuál es su postura sobre el nuevo Real Decreto del Gobierno de España, que «significará la pérdida de un derecho humano universal que sometería a peores condiciones sociales a colectivos de personas cada vez más desprotegidas, aumentando su marginalidad y fomentando su exclusión social».

Su pronunciamiento se suma al de otros colectivos de Canarias que también rechazan la decisión tomada por la Consejería de Sanidad. Inicialmente, el Gobierno canario se había mostrado contrario a aplicar la decisión del Ministerio de Sanidad, posicionándose así al lado de Andalucía, Asturias, Cataluña y el País Vasco.