El tribunal de Oslo condenó ayer al ultraderechista Anders Behring Breivik a 21 años de prisión prorrogables, la pena máxima y que puede equivaler a una cadena perpetua, al considerarlo penalmente responsable de los atentados de hace un año en Noruega, en los que murieron 77 personas.

El veredicto fija una pena de custodia – figura legal que permite al tribunal prolongar cada cinco años la permanencia en prisión del reo, una vez cumplida la condena inicial – a causa de la “crueldad” de los atentados y de la necesidad de proteger a la sociedad ante la amenaza que constituye Breivik, explicaron los jueces.

En la lectura del fallo, que duró seis horas, el tribunal justificó la sentencia en que Breivik es un “fanático extremista” y no un enfermo mental, de ahí que sea penalmente responsable y deba ir a la cárcel y no a un psiquiátrico, como solicitaba la Fiscalía basándose en el primer examen que se le practicó.

El tribunal fue crítico con ese informe, que concluía que Breivik se encontraba en estado psicótico al cometer los atentados y que padece una esquizofrenia paranoide, un diagnóstico que no comparten los otros especialistas que lo han observado durante meses, ni el personal de la cárcel, ni los policías que lo han interrogado.

No padece psicosis

Su principal error es no considerar las ideas de Breivik en el contexto político de ultraderecha en el que se inscriben, bajo cuya óptica toman sentido lo que consideraban delirios de grandeza y otros supuestos síntomas de esquizofrenia. Que Breivik fuera capaz de moderar sus opiniones en los sucesivos interrogatorios y en el segundo informe demuestra que no padece psicosis, ya que en ese caso ocurriría lo contrario, señaló la juez principal, Wenche Elizabeth Arntzen.

El fallo es firme, ya que ninguna de las dos partes apelará el veredicto.

Breivik, quien fue interrumpido por la juez Wenche Elizabeth Arntzen cuando pretendía pronunciar un discurso, acabó afirmando que no recurrirá, después de declarar que no podía ni aceptar ni rechazar el dictamen porque no reconoce la autoridad de un tribunal “nombrado” por quienes apoyan el multiculturalismo al que él se opone.