Desde el 1 de septiembre, unos 20.000 inmigrantes irregulares afincados en Canarias pueden verse en una especie de limbo sanitario. El motivo es la decisión del Gobierno regional de aplicar el decreto estatal que les deja sin prestación. Menores, embarazadas, enfermos graves y los que están en lista de espera se libran.

La directora del Servicio Canario de la Salud (SCS), Juana María Reyes, garantizó ayer que los inmigrantes en situación irregular que ya estén en lista de espera para una intervención quirúrgica serán atendidos.

En unas declaraciones difundidas por la Consejería de Sanidad, Reyes explica que el SCS está a la espera de que, a partir del 28 de agosto, el Ministerio de Sanidad envíe los datos respecto a los pacientes a los que habría que dar de baja a partir del 1 de septiembre por ser extranjeros en situación irregular.

«A partir de ahí podremos nosotros identificar qué personas son, en qué centros están, desde cuándo se les está dando atención y qué situación clínica tienen, para dar la respuesta alternativa a la prestación de servicios», asegura la directora del Servicio Canario de Salud. Según estimaciones oficiosas que maneja la Consejería de Sanidad, se trataría de una bolsa de alrededor de 20.000 personas en Canarias.
Desde la Consejería de Sanidad se hizo ayer un llamamiento a «la tranquilidad» porque todas las personas que estén con «un proceso abierto» o incluidos en lista de espera para una intervención quirúrgica antes de la entrada en vigor del decreto «serán atendidas y llamadas en su momento para ser intervenidos cuando corresponda por la lista de espera».

Juan María Reyes recalca que se va a dar cumplimiento al real decreto y se atenderá sin contraprestación económica a los menores de 18 años, independientemente de que haya que establecer un convenio específico.

También recibirán atención las mujeres embarazadas y de parto, así como los casos de infecciones contagiosas, que tendrán «un circuito específico».

Se atenderán asimismo las urgencias derivadas de accidentes o enfermedades graves que afecten a la población inmigrante en situación irregular.

Desde el Gobierno central y sobre todo desde el Partido Popular se había tachado de insolidarias a las autonomías que, como Canarias, Andalucía, Cataluña, Asturias y País Vasco se habían planteado reparos a la disposición aprobada por el Ministerio de Sanidad.