Dado que la marcha de la economía no parece estar evolucionando de la manera deseable para Obama y dado que una parte notable de los votos pueden proceder de inmigrantes recientes con familiares en situación de ilegalidad, a inicios de junio, el presidente decidió iniciar una estrategia que neutralizara a Romney y lo colocara incluso a la defensiva. Esa estrategia se centraba en la política de inmigración y cristalizó en una orden ejecutiva que permitía que los inmigrantes ilegales de menos de treinta años que llegaron a Estados Unidos como niños permanecieran en el país sin temor a la deportación.  La medida afecta en concreto a la nada despreciable cantidad de 800.000 personas y justificaba el nombre que recibió la norma, Dream Act, un título que podría traducirse como la Ley del Sueño, porque convertía en accesible el denominado sueño americano para centenares de miles de personas.  Según anunció Obama, la orden ejecutiva lograría que la política de inmigración fuera «más ecuánime, más eficiente y más justa». 

En realidad, a nadie se le ocultaba que la Dream Act busca consolidar la victoria demócrata en estados esenciales como Colorado, Nevada y Nuevo México, así como en los decisivos de Virginia y Florida. En este último caso, mientras que Obama todavía podría aspirar a permanecer en la Casa Blanca si lo perdiera, Romney podría darse por derrotado si no lo conquista. Desde luego, a nadie se le oculta que Obama busca el voto de los veintidós millones de hispanos que pueden otorgárselo en el mes de noviembre, un colectivo que le concedió un 67% de apoyo en 2008, pero que no ha tenido las mejores relaciones con la Casa Blanca en los últimos tiempos. De hecho, Obama ha sido el presidente que más deportaciones de ilegales ha llevado a cabo en toda la historia de Estados Unidos, circunstancia esta que no ha aumentando precisamente su popularidad en el seno de los hispanos durante los últimos años. En apariencia, la Dream Act tuvo un resultado favorable para Obama y una encuesta realizada por Bloomberg a mediados de junio ya le otorgaba un 64% de apoyo entre los hispanos.

A dos meses de distancia, sin embargo, hay razones para pensar que la Dream Act no ha tenido los efectos deseados. Romney, por supuesto, respondió inmediatamente con un discurso pronunciado ante Naleo, un grupo de hispanos con cargos electivos, afirmando que se ocuparía de proporcionar «una solución a largo plazo que reemplace y sustituya la medida temporal del presidente». Igualmente, sus partidarios han comenzado a airear relatos referentes a la supuesta misericordia de Romney hacia los ilegales en la época en que era obispo mormón.

Sin embargo, el mayor problema para Obama es que el índice de desempleo entre los hispanos es de un 11%, una cifra intolerable en Estados Unidos, y todo parece indicar que la mayoría puede votar impulsada por criterios económicos. Por añadidura, una encuesta publicada ayer dejaba de manifiesto que un 63% de la población se opone a que los inmigrantes ilegales puedan obtener el permiso de conducir o cualquier tipo de beneficio público, como puede ser la asistencia sanitaria. En otras palabras, la Dream Act no parece haber decidido de manera irrevocable a los hispanos para que voten por Obama y, en paralelo, un porcentaje elevado de la población está realmente harto de los beneficios otorgados a los inmigrantes ilegales hasta la fecha. La idea de Obama parecía buena hace dos meses, pero, a día de hoy, el presidente corre un riesgo real de no consolidar el voto hispano y, a la vez, enajenarse el de otros sectores de la sociedad.