Apenas queda una semana para que se haga efectiva la exclusión de la sanidad pública gratuita de aquellos extranjeros que no estén regularizados. Y la medida no deja de traer cola.

El decreto ley sí que contempla la asistencia urgente para estas personas, pero el debate se centra – tal y como el mismo conseller de Sanidad reconoció ayer – en si después tienen derecho a la asistencia mantenida de forma gratuita o no.

En este sentido, los sindicatos médicos advirtieron del peligro de no efectuar un seguimiento médico posterior.

«Cuando un médico, por ejemplo, detecta una tuberculosis o una meningitis, ya sea en una persona de clase alta o en un inmigrante sin papeles, el tratamiento fundamental no es con el paciente en sí. Es necesario hacer un estudio de sus contactos, pedirles pruebas y, en caso de ser positivas, darles un tratamiento. Obviar todo esto genera problemas de salud pública que ninguna administración puede permitirse», advirtió ayer Vicente Sanmartín, del Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM).

Además, aseguró que se trata de una cuestión de ética profesional y de humanidad, que es inherente con ser médico. «Para atender bien a un paciente es necesaria una atención primaria, secundaria y terciaria, que es el tratamiento de sus secuelas. Acotar eso en un paciente que acude a urgencias por un dolor de cabeza pero que es de Mozambique y no tiene un papel en regla me parece que es resumir la patología médica en un manual de político miserable».

El conseller Rosado recordó ayer – tras visitar el área de vacunación del Centro Superior de Investigación de Salud Pública – que el facultativo tiene que asistir siempre a los enfermos,pero que tienen que ser otras personas las que se encarguen, previamente a la asistencia sanitaria, de identificar si el enfermo tiene derecho a una asistencia gratuita o no. «El médico o la enfermera no deciden si una persona tiene que pagar o no», señaló.

Sin embargo, desde el sindicato CC OO replicaron que son precisamente estos profesionales quienes deberían efectuar la valoración médica por los riesgos que conlleva. «Si la administración establece sistemas para que no se permita la entrada de los inmigrantes , que lo haga. Pero quien les impida recibir asistencia tendrá que asumir la responsabilidad en caso de que a alguno le suceda algo», añadió Arturo León, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios.