En 2011 dijo que no se tramitaran ni para los que están empadronados; ahora defiende lo contrario
Madrid –   En menos de un año, el consejero vasco de Sanidad y Consumo, Rafael Bengoa Rentería, ha pasado de negar la tarjeta sanitaria a los extranjeros a ser el más firme defensor de facilitársela a los inmigrantes irregulares que están España. Parece haber hecho suya la célebre frase del refranero «Donde dije digo, digo Diego» cuando habla de seguir atendiendo a los inmigrantes que están en España.

El consejero vasco, junto con Andalucía y Canarias, donde gobierna el PSOE y Cataluña (CiU) se han sumado al grupo de comunidades «rebeldes» que se resisten a aplicar la normativa aprobada por el Gobierno central que exime de la asistencia sanitaria a los inmigrantes «sin papeles» a partir del próximo 1 de septiembre, cuando hace menos de un año defendía la postura contraria.

Así se puede comprobar en una respuesta parlamentaria de Rafael Bengoa al Grupo Euzko Abertzaleak – Nacionalistas  Vascos en el Parlamento autonómico sobre la tramitación de las tarjetas sanitarias para ciudadanos extranjeros a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. La respuesta tiene fecha del 28 de octubre de 2011.

El consejero adjuntaba una circular redactada por su departamento y dirigida a los responsables administrativos  de las Unidades de Atención Primaria en la que dice de forma categórica que «ningún extranjero, aun estando empadronado, se puede acoger a la asistencia sanitaria al amparo del Decreto 26/1988, de 16 de febrero», sólo por el mero hecho de estar en el País Vasco y aunque sólo sea para tres meses. «Por lo tanto –añade la circular– no se debe gestionar ni tramitar ninguna tarjeta sanitaria ni la tarjeta provisional de asistencia sanitaria (que tiene validez de tres meses)».

Incluso recuerda, ante las dudas surgidas en aquel momento en algún centro de salud con las personas extranjeras que solicitan atención sanitaria, primero que «los extranjeros que pertenecen a la UE tienen la obligación de traer la tarjeta sanitaria europea, que les da temporalmente derecho a la asistencia; que los extranjeros que necesitan visado para entrar en la UE deben traer uno en vigor donde figure el tiempo de duración de la estancia (inferior a 90 días) y para ello estas personas deben acreditar medios económicos suficientes o un seguro médico y que les proteja durante el tiempo de estancia en la UE; y los extranjeros que no necesitan visado tienen que llevar 90 días en la UE». De ahí que en la circular se diga que «no se debe gestionar ninguna tarjeta sanitaria» a los extranjeros que están en España y no trabajan.

La circular no deja ningún resquicio para que un inmigrante  que llega a España como turista y luego se queda en España en situación ilegal, una de las formas de entrada,  pueda llegar a adquirir la tarjeta.

El discurso del consejero vasco ha cambiado ahora radicalmente. En los últimos días ha asegurado que la sanidad del Gobierno vasco «continuará atendiendo a los inmigrantes sin papeles». Más aún, ha acusado al Gobierno central de «estar rompiendo el modelo de sanidad universal» con lo que «hasta que no nos digan hacia qué modelo van, lo lógico es resistirse». Recientemente ha llegado a decir que «se está trabajando legal contra legal», frente a quienes hablan de «insumisión y en un estado de autonomías uno no puede estar intentando subyugar a las comunidades autónomas a través de decretos ley».

También aseguró que los inmigrantes que están en España en situación ilegal no tendrán que financiar sus medicamentos.

El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, censuró ayer la «demagogia» de las comunidades que mantendrán la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin documentación  y garantizó que con las medidas del Gobierno «ninguna situación ni crónica ni urgente dejará de ser atendida.

Floriano rechazó la decisión de las cinco autonomías no gobernadas por los populares, cuya actitud calificó, en una entrevista a Efe, de «irresponsable, demagógica y un sinsentido». Lo que Floriano no entiende es que haya comunidades que vayan a mantener esta atención sanitaria «cuando luego están diciendo que no tienen dinero para atender a sus discapacitados o para atender a los mayores» y también quiso dejar claro que «por humanidad hay que atender a la gente y nadie se va a quedar tirado».

El PSOE, por su parte, ha aprovechado estos días para respaldar la postura de sus comunidades afines. Su secretario de Organización, Óscar López, manifestó el jueves que «no es admisible que el PP pervierta el modelo de Sanidad pública universal dejando sin atención a este colectivo. «Es justo que las comunidades defiendan la universalidad del sistema público de salud», dijo, aunque también reconoció que la sanidad pública necesita reformas y mejorar su financiación, pero sin que éstas vayan en detrimento de la universalidad del sistema.

El Ministerio de Sanidad ha repetido en varias ocasiones que a partir del próximo 1 de septiembre no se dará tarjeta sanitaria a los «sin papeles» que se encuentren en España, pero está garantizada la asistencia de urgencia por accidente o enfermedad, a las mujeres durante el embarazo ,parto y posparto y se seguirá dando la misma cobertura que hasta ahora a los menores de 18 años.