El asilo concedido por Ecuador al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, podría generar represalias de Washington tras la reciente normalización de relaciones bilaterales y ha vuelto a unir a Latinoamérica frente a EEUU y Europa, tal y como manifetaron ayer varios analistas.

“Sin duda” habrá “represalias”, porque el Gobierno estadounidense “quiere castigar a Assange por haberlo avergonzado” con la divulgación de miles de documentos secretos y “Ecuador se ha interpuesto en su camino”, aseguró a Efe Mark Weisbrot, codirector del Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR).

Según Weisbrot, los medios de comunicación “se han puesto del lado del Gobierno de Estados Unidos y han estado muy en contra de WikiLeaks y de Assange”.

Por ello, vaticinó que el Congreso estadounidense, donde sobre todo los republicanos han cuestionado últimamente la situación de la libertad de prensa en Ecuador y los lazos de Quito con Irán, se sumará a eventuales represalias en el caso.

La UE pide diálogo

La Unión Europea no va a inmiscuirse en la disputa entre Reino Unido y Ecuador en el caso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y confía en que el asunto pueda resolverse a través del diálogo, dijo ayer una fuente de la diplomacia de la UE.

“Este es esencialmente un asunto bilateral entre Reino Unido y Ecuador”, ha subrayado la fuente, que sin embargo ha asegurado que la delegación de la UE en Quito está siguiendo el caso de cerca y se mantiene en contacto con la embajada británica en la capital ecuatoriana.

Sin querer entrar al fondo del asunto, Bruselas confía en que la solución a la disputa diplomática sea amistosa, indicó la fuente.

“Confiamos en que el asunto pueda resolverse con diálogo y en total respeto de las leyes europeas e internacionales aplicables”.

El Gobierno ecuatoriano otorgó el jueves el asilo a Assange, quien se encuentra refugiado en la embajada de Ecuador en Londres y busca ahora el apoyo de los otros países latinoamericanos para que poder salir del Reino Unido.

El Ejecutivo británico insiste en que su obligación legal es cumplir con la extradición de Assange a Suecia, donde está acusado de delitos sexuales, y ha asegurado que no piensa darle un salvoconducto que le permita abandonar el país.