Recortar el derecho a la sanidad

Navarra es una de las primeras comunidades en aplicar la exclusión de las personas inmigrantes de la atención sanitaria pública impulsada por el PP en Madrid pese al rechazo político y social mayoritario

Diario de Noticias, , 17-08-2012

sEGÚN publica DIARIO DE NOTICIAS, el Gobierno de UPN ha sido de los primeros en comenzar a aplicar la exclusión de las personas inmigrantes sin papeles de la atención sanitaria pública. Antes incluso de la aplicación de la polémica medida aprobada en Madrid por el PP, prevista para el próximo 1 de septiembre. Hasta ahora el Gobierno de UPN ha evitado aclarar a la opinión pública navarra cuál sería su decisión respecto a esta medida, pero ya hay casos de personas inmigrantes a las que se les ha negado la cita médica, se les ha cortado el tratamiento médico para sus enfermedades crónicas o se les ha congelado la tarjeta sanitaria para personas sin recursos. Sólo la presión ejercida en algunos casos por organizaciones de solidaridad social y atención sanitaria ha podido mediatizar las consecuencias. En realidad, desde la llegada de Marta Vera a Salud, todas las decisiones han estado marcadas por el más absoluto seguidismo a las directrices del Gobierno de Rajoy en materia de recortes sanitarios, lo que ha generado pérdida de empleo y pérdida del nivel de atención y calidad de Osasunbidea, una prestación pública en la que Navarra ha invertido durante décadas miles de millones para situarse a a la cabeza del Estado. Vera ha dejado claro en sus diferentes intervenciones públicas que es partidaria de seguir la estela ideológica del PP en el ámbito sanitario privatizaciones, recortes en la cartera de atención sanitaria y prioridad a determinados intereses privados, en lugar de ejercer la capacidad de autogobierno de Navarra para garantizar las necesidades sanitarias de los navarros y navarras. De hecho, hay ya cinco comunidades autónomas Andalucía, Asturias, la CAV, Catalunya y Canarias que se han rebelado contra la decisión del PP de recortar el derecho universal a la atención sanitaria y la mantendrán a todos los inmigrantes, incluidos los sin papeles unos 150.000 en el Estado y alrededor de 6.000 en Navarra. Además de cientos de médicos que se han acogido a su derecho a la objeción de conciencia y a su compromiso profesional para seguir atendiéndoles. Barcina y Vera no parecen querer enterarse de su realidad de minoría política, ni de que partidos, asociaciones sociales con Cáritas a la cabeza, sindicatos, ongs y organizaciones profesionales sanitarias y de inmigrantes se han posicionado en contra. Si Barcina se empecina en este despropósito democrático, sólo cosechará otra derrota política y social.

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