DESDE que el cofundador de Wikileaks
se refugió en la embajada
ecuatoriana en Londres el 19 de
junio para pedir asilo, el conflicto
ofrecía dos salidas: la concesión o el rechazo
de dicha petición. A partir de ayer,
concediéndole asilo, Ecuador desafía abiertamente
a EEUU, al Reino Unido, a Suecia y
a Australia, los cuatro países con causas
abiertas contra Julian
Assange, y deja al fugitivo
en un limbo jurídico
y diplomático de muy difícil
solución sin nuevas
concesiones de las partes
implicadas, pues todas
han hecho del caso un
símbolo de principios y
valores que trascienden
con mucho el problema
personal del acusado: su
entrega a Suecia y su posible
extradición por
Suecia a EEUU.
Para el presidente ecuatoriano,
Rafael Correa,
una vez subido al carro de
Wikileaks para tapar sus
ataques contra la prensa
nacional, es muy difícil
dar marcha atrás. Resulta
chocante con qué rapidez
los regímenes quemenos
respetan la libertad de
prensa y los derechos humanos
(Rusia, China, Irán,
Cuba…) han expresado su
solidaridad con Assange y
Correa en esta crisis.
Assange puede permanecer
indefinidamente en
la embajada ecuatoriana o
intentar burlar, con escasas
posibilidades de éxito,
la estrecha vigilancia policial
y escapar del Reino
Unido. Lo mejor es seguir
negociando, con la ayuda
de los amigos de Wikileaks
y de los países que
aún les apoyan, como la
Rusia de Putin.
Aprobada la entrega de
Assange a Suecia por tres tribunales británicos
–incluido el Supremo–, el Gobierno de David
Cameron, en coordinación permanente
con el estadounidense, se ha negado en todo
momento a aceptar condiciones como la no
extradición a EEUU que superaban su jurisdicción.
Nada que objetar.
Assange, acusado en Suecia de dos delitos
de agresión sexual y de una violación, siempre
hamantenido que se trata de un montaje
dirigido porWashington para sentarlo en un
banquillo estadounidense por la publicación
de centenares de miles de documentos diplomáticos
secretos o reservados. Ecuador se ha
agarrado a ello como a un clavo ardiendo y le
ha concedido el asilo porque, como dijo ayer
su ministro de Exteriores, en EEUU puede ser
juzgado por un tribunalmilitar y condenado a
muerte o a cadena perpetua.
Rechazando todos los recursos de Assange,
los tribunales británicos alegan que se han limitado
a aplicar la Ley de Extradición británica
de 2003, que incorporó la extradición automática
europea negociada apresuradamente
en respuesta a los atentados del 11-S, y el Gobierno
Cameron insiste en que está obligado
a cumplir las sentencias de sus tribunales.
¿Cuánto tiempo permanecerá Assange en
el recinto diplomático ecuatoriano? ¿Se atreverá
el Gobierno británico a enviar a la policía
para detenerlo o esperará a que intente salir
para hacerlo? Si la policía británica entra en la
embajada, ¿se puede justificar legalmente o
colocaría al Gobierno británico a la altura de
regímenes parias como el iraní? ¿Están cerradas
todas las opciones diplomáticas?
Si el Reino Unido, como insinuó el miércoles
en un comunicado el
Foreign Office, intentara
detenerlo dentro de la sede
diplomática sin autorización
de Ecuador, estaría
violando las Convenciones
de Viena de 1961 y de
1963 sobre relaciones diplomáticas
y consulares.
En el artículo 22 de la
Convención de 1961 se
especifica que «las premisas
de la misión son inviolables
» y que «los agentes
del Estado receptor [en
este caso el Reino Unido]
no pueden entrar en ellas
salvo con el consentimiento
de la misión».
En el artículo 31 de la
Convención de 1963 se
extiende el mismo privilegio
de inviolabilidad a las
sedes consulares. «Las autoridades
del Estado receptor
no entrarán en la
zona utilizada exclusivamente
para el trabajo consular,
salvo con el consentimiento
del responsable
del puesto consular, de
quien él designe o del responsable
de la misión».
El Diplomatic and Consular
Premises Act de
1987, citado por Londres
para justificar su amenaza
a Ecuador, difícilmente
legalizaría la entrada forzada
de agentes británicos
en la embajada. Está
pensado para situaciones
de peligro graves para la
seguridad nacional, amenazas
sanitarias serias o similares. Nunca se
ha aplicado y el caso Assange no justifica que
se aplique ahora.
En su apartado 1, esa ley del 87 permite al
secretario de Estado británico retirar el estatus
diplomático o consular a una sede, pero en
condiciones difícilmente aplicables cuando alguien
solicita asilo en dicha sede y siempre
que lo avale el derecho internacional, cuestión
que tendría que resolverse en la Corte Internacional
de Justicia de la Haya y no en lamesa
deWilliam Hague, como ha sucedido esta
semana, aprovechando las vacaciones del primer
ministro y de su viceprimer ministro; aunque
es impensable que Hague haya actuado
por su cuenta.
Lo más sensato sería que Londres y Quito
dejaran el conflicto en manos de la Corte Internacional
o de un árbitro neutral. Ecuador
estaría dispuesto, seguramente, a aceptarlo,
pero dudo mucho que, en una época de renacionalización
y redefinición de soberanías como
la que vivimos, EEUU y el Reino Unido
acepten tal compromiso.Washington, en particular,
siempre se ha mostrado reacio a dejar
los intereses del país en manos de organizaciones
internacionales.
AUNQUE, en su desafío, el presidente
ecuatoriano parece un diminuto
David frente a Goliat, no está solo
y el error británico del miércoles, al
amenazar con entrar por la fuerza en la
sede diplomática ecuatoriana, le ha facilitado
apoyos con los que no contaba en
América Latina y en otras partes del mundo.
El ministro ecuatoriano de Exteriores dejó
para el final de su rueda de prensa la concesión
de asilo y concentró su prolija y bien documentada
intervención en la amenaza británica
y en los argumentos legales de la defensa
de Assange en los últimos tres años. «No
nos someteremos al tutelaje de nadie». «Nos
amenazan con golpearnos salvajemente si no
nos comportamos». «No podemos tolerar
chantajes». Toda su intervención fue una retahíla
de proclamas soberanistas y nacionalistas
más propias de otros tiempos, pero realmente
Londres se lo puso fácil.
Para la vieja izquierda y para quienes comulgan
a pies juntillas con la ideología chavista
y sus vertientes ecuatoriana y boliviana, la
decisión de Correa es un acto valiente de otro
líder dispuesto a resistir la presión del más
fuerte y sus referencias a unas 20 cartas,
acuerdos, tratados y convenciones internacionales
en defensa de Assange –desde la Carta
de la ONU hasta las últimas convenciones
contra el terrorismo, pasando por la Declaración
de los Derechos Humanos del 48 y las
convenciones de Ginebra– una base legalmás
que respetable. Para quienes entienden que,
con su comportamiento, los responsables de
Wikileaks pusieron en peligro la seguridad nacional
de EEUU y que este país tiene todo el
derecho de llevar a los tribunales a los responsables
de la filtración de material secreto y reservado,
el discurso del ministro Patiño fue
otro derroche de demagogia barata, bien arropada
jurídicamente.
¿Se resolvería el conflicto si, como dio a entender
ayer Patiño, EEUU aceptara un juicio
civil de Assange y garantías de que no será
condenado a muerte ni a cadena perpetua?
¿Puede alguien, en su sano juicio, esperar semejante
concesión de la primera superpotencia
del planeta? ¿Cabe esperar de Suecia, tan
lejanos ya los tiempos de Olof Palme, la promesa
de que Assange no será extraditado a
EEUU? Con su comunicado delmiércoles, el
secretario del Foreign Office,William Hague,
dio a Correa la excusa que necesitaba para
confundir una causa criminal con un conflicto
de soberanía e independencia y para anunciar
una decisión que, según funcionarios
ecuatorianos próximos al caso, había tomado
hace semanas.
Felipe Sahagún es profesor de Relaciones Internacionales
en la Universidad Complutense y
miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.