Un total de 29 médicos canarios se han acogido a la objeción de conciencia para atender a inmigrantes sin papeles desde que la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) diera la posibilidad a estos profesionales ejercer este derecho el pasado 10 de julio.

Así lo explicó el secretario general de Semfyc, Salvador Tranche, siguiendo el recuento realizado por esta organización, que estima que 1.035 profesionales a nivel nacional se han acogido ya este derecho durante este periodo.

Por comunidades autónomas, Madrid ocupa la primera posición con 266 médicos, seguida de Cataluña, con 175; Andalucía, con 96; Galicia, con 89; Aragón, con 86; Valencia y Baleares, con 77; Castilla y León, con 76; País Vasco, con 47, y Cantabria, con 45.

Entre las comunidades con menos profesionales que se han acogido a este derecho se encuentran Asturias, con 36; Navarra, con 32; Murcia, con 30; Canarias, con 29; La Rioja, con seis, y Melilla, con tres.

Tranche estima que en la próxima semana se adherirán más médicos de familia y profesionales de otras especialidades y añadió que Semfyc “colaborará con la ONG Médicos del Mundo para fomentar este derecho entre el personal sanitario”.

Además, precisó que en la página web de Semfyc se abrió un espacio para que todo aquel profesional que quiera mostrar su voluntad por acogerse a ese derecho rellene un formulario con sus datos personales y que sirva para realizar un nuevo recuento.

Como se recordará, unos 150.000 inmigrantes en situación irregular serán borrados de la red sanitaria pública en cumplimiento de la una decisión adoptada por el Gobierno central presidido por Mariano Rajoy en el marco de la estrategia de austeridad puesta en marcha por la Administración estatal con el fin de reducir los gastos a fin de alcanzar el objetivo de déficit impuesto por Bruselas al país.

De esta manera, los inmigrantes sin papeles se verán obligados a adquirir un seguro médico con las autonomías si quieren recibir atención en los consultorios y hospitales públicos.

Según los primeros datos, el pago que implicará esta medida rondará los 700 euros al año para los que estén en edad de trabajar, mientras que si exceden los 65 años de edad la cifra se dispara a los 1.800 euros anuales. Los enfermos crónicos sí serán atendidos, pero el Estado cobrará la factura a sus países de origen.