Andalucía, País Vasco, Asturias, Cataluña y Canarias aeguran que mantendrán la asistencia sanitaria a los inmigrantes ‘sin papeles’, en tanto que las autonomías gobernadas por el PP afirman que aplicarán el decreto del Gobierno, si bien algunas se muestran cautas y estudian cómo atenderlos a través de convenios .
Las CCAA sí seguirán atendiendo las urgencias por enfermedad o accidente, atención al embarazo, parto y postparto, y asistencia a menores de 18 años, tal y como fija el Ministerio de Sanidad. Este departamento quiere que los extranjeros que se encuentren en España y no coticen a la Seguridad Social, que no sean ni asegurados ni beneficiarios, paguen una cuota mensual si quieren tener cobertura completa en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Las comunidades gobernadas por el PSOE País Vasco, Andalucía y Asturias se han opuesto a esta medida. El Gobierno Vasco ha anunciado que en Euskadi se mantendrá la asistencia sanitaria a todos los colectivos, incluidos los inmigrantes en situación irregular. El lehendakari, Patxi López, apuesta por una política de servicios públicos que garantice el acceso de toda la población «a un derecho tan básico como es el de recibir atención sanitaria», y defiende su autogobierno para decidir sobre esta materia.
En el mismo sentido se ha expresado la consejera andaluza de Salud, María José Montero, quien ha reiterado que el sistema sanitario público seguirá atendiendo a inmigrantes indocumentados a partir de septiembre y que la Junta recurrirá ante el Tribunal Constitucional la norma del Gobierno.
El Principado de Asturias ha garantizado que ningún inmigrante se quedará sin cobertura sanitaria y prevé un conflicto competencial si se mantienen los planes del Ejecutivo, aunque no ha aclarado cómo se hará esa asistencia.
Cataluña, gobernada por CiU, mantendrá también el acceso de los inmigrantes irregulares a toda la atención primaria, además de la asistencia básica que garantiza Sanidad, y está estudiando cómo articulará el acceso a la especializada.
El presidente canario, Paulino Rivero (CC), ha manifestado que su Ejecutivo está a la espera de que el Gobierno precise cómo se va a aplicar ese decreto, pero se ha mostrado contrario a aquellas medidas que supongan «una fractura social».
En cuanto a las comunidades gobernadas por el PP muchas de ellas ya han señalado que aplicarán lo que dicte el ministerio y otras han sido más cautelosas.
La Consellería valenciana de Sanidad ha asegurado que se atenderán todos los casos de inmigrantes irregulares con enfermedades transmisibles y que cumplirá con lo que marque la ley, aunque se está valorando la posibilidad de mantener la asistencia a los sin papeles a través de la realización de convenios.
En el mismo sentido se ha expresado Murcia, que está estudiando cómo mantener la continuidad asistencial a los inmigrantes que lo necesiten «cumpliendo con la normativa fijada» por Sanidad.
La vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha, Cesárea Arnedo, ha afirmado que «no se va a dejar a nadie a las puertas de los hospitales».
Madrid, La Rioja, Aragón, Cantabria, Baleares y Extremadura, todas del PP , ya han dicho que aplicarán la ley.
Aunque el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se ha declarado en una entrevista no partidario de disminuir la asistencia sanitaria, la Consellería de Sanidad dice que está a la espera de que el Ministerio realice el desarrollo normativo, en lo que coincide con Castilla y León y con Navarra, gobernada por UPN.