Cataluña es la segunda comunidad con más objetores, detrás de Madrid
 
 Desde que el pasado 10 de julio la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semyfc) posibilitase a los médicos la posibilidad de objetar a la reforma sanitaria de Rajoy, que dejará sin atención continuada a los extranjeros sin papeles, la cifra de facultativos que han optado por desoír el Real Decreto 16/2012 sigue creciendo. En Cataluña, según informó a EP ayer el secretario general de Semfyc, Salvador Tranche, ya son 175 médicos catalanes los que han optado por objetar en este ámbito.

En total, hay 1.035 facultativos a nivel nacional que se han acogido a este derecho y la comunidad catalana ocupa la segunda posición en el ránking de objetores a los planes de Rajoy (Madrid es primera con 266 médicos y Andalucía tercera, con 96).

El anuncio del Semyfc llega en plena polémica por la asistencia a los sin papeles. El pasado 3 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó que los inmigrantes que se encuentren en España en situación irregular a partir del 1 de septiembre pierdan la tarjeta sanitaria y no reciban asistencia, salvo en caso de urgencias por enfermedad o accidente, embarazo (a las que se atenderá hasta el posparto) y a los menores de 18 años.

Pocos días más tarde, el Ministerio de Sanidad amplió las garantías sanitarias de los 150.000 inmigrantes «sin papeles». Los extranjeros que se queden sin tarjeta sanitaria tendrán dos opciones: suscribir una especie de seguro médico con el Sistema Nacional de Salud y pagar 60 euros mensuales o conformarse con una asistencia básica más un plus. Ese plus, el de la atención de enfermedades graves y crónicas es el que acaba de introducir el Gobierno, pero con un coste que se reclamará a su país de origen.

Frente a las críticas, el Ejecutivo insiste en que la reforma, que busca atajar el turismo sanitario, ahorrará mil millones de euros anuales a las arcas del Gobierno, pero Cataluña se ha erigido como una de las comunidades disidentes a la reforma, junto al País Vasco y Andalucía.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, explicó en su día que «por solidaridad y ética los inmigrantes en situación irregular tendrán derecho a más prestaciones que en otros países, ya que podrán acceder a urgencias y se cubrirá la atención a embarazadas y menores de 18 años», pero descartó que tengan los mismos derechos que los que están en España con «todas las de la ley».
 
El Govern dice que su voluntad es atender a todos siempre
El director general para la Inmigración de la Generalitat, Xavier Bosch, reiteró la semana pasada que Cataluña seguirá prestando asistencia sanitaria gratuita a todos inmigrantes , tengan o no los papeles en regla. El gobierno catalán ya ha manifestado que no piensa cumplir este decreto y que continuará atendiendo a los inmigrantes irregulares como hasta ahora, además de culpar al Ejecutivo de aprovechar la crisis para introducir cambios sistémicos. «El tema de la inmigración irregular es una cierta cortina de humo, lo que plantea el Gobierno es sólo un cambio de modelo», explicó Bosch en una entrevista radiofónica. «Hay un recorte de derechos que desde Cataluña no aceptamos y nuestra voluntad es continuar atendiendo a todo el mundo siempre», subrayó.