Canarias, junto a Andalucía, País Vasco, Asturias y Cataluña dejaron claro que mantendrán la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles, en tanto que las autonomías gobernadas por el PP afirmaron que aplicarán la ley, si bien algunas se muestran cautas y estudian cómo atenderlos a través de convenios. Las autonomías seguirán atendiendo las urgencias por enfermedad o accidente, atención al embarazo, parto y posparto, y asistencia a menores de 18 años, tal y como fija el Ministerio de Sanidad. Este departamento quiere que los extranjeros que se encuentren en España y no coticen a la Seguridad Social, que no sean ni asegurados ni beneficiarios, paguen una cuota mensual si quieren tener cobertura completa en el Sistema Nacional de Salud (SNS). La medida está diseñada para españoles “rentistas” que nunca han trabajado, para europeos que quieran ser atendidos por el sistema sanitario español y para otros extranjeros que durante su estancia en España quieran esa cobertura total por el sistema público, por lo que afectará también a los inmigrantes irregulares. Oposición El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, manifestó que su Ejecutivo está a la espera de que el Gobierno precise cómo se va a aplicar ese decreto, pero se mostró contrario a aquellas medidas que supongan “una fractura social”. Las comunidades gobernadas por el PSOE – País Vasco, Andalucía y Asturias – se opusieron a la medida y anunciaron que mantendrán la asistencia a los inmigrantes en situación irregular. Muchas de las regiones del PP ya señalaron que aplicarán lo que dicte el ministerio, pero otras han sido más cautelosas.