No comparten la propuesta lanzada por el Gobierno central de que aquellos inmigrantes irregulares que quieran recibir asistencia sanitaria paguen una tarifa anual de 710 euros si son menores de 65 años y de 1.864 si superan esa edad. «Es algo increíble. Atenta directamente contra los derechos humanos», apuntó la alcaldesa en funciones y portavoz de IU, Conchi Ortega. Por eso, el Ayuntamiento ha remitido una carta al Consejero de Sanidad para saber cuál es la postura de la Junta al respecto y qué piensa hacer. La misiva pide información sobre dos aspectos concretos. Si Valladolid asumiría la medida y la aplicaría en Castilla y León y, en caso de hacerlo, de qué forma afectaría a los centros sanitarios de Miranda, tanto a los ambulatorios como al hospital.

Y es que la propuesta de pago, para Ortega esconde «un intento de desmantelar el sistema sanitario público adoptando unas medidas que son insolidarias y que alimentan la xenofobia y el rechazo», incluso hacia gente que lleva aquí muchos años trabajando y pagando sus impuestos y que ahora al verse en el paro no ha podido renovar su permiso de residencia y vuelven a ser irregulares.

De momento sabe, que los responsables sanitarios no tienen «ninguna instrucción oficial» así que Ortega confía que al igual que ya han hecho otras comunidades, ésta también anuncie que no aplicará la medida por ir «en contra del derecho a la salud».

Además, insiste en que de llevarse a cabo la propuesta podríamos llegar a encontrarnos con un verdadero problema de salud pública. «¿Qué pasaría en el caso de enfermedades crónicas o infecciosas?», cuestionó. Tampoco está claro que vaya a notar un ahorro, más bien al contrario, porque entiende que se recurriría más a urgencias y que se acudiría al médico cuando el problema ya es mayor y, por tanto, la necesidad de pruebas, tratamientos y de periodos de ingreso. «Un tratamiento hospitalario es mucho más caro que uno preventivo».