BARCELONA – La conselleria de Bienestar Social y Familia ha emitido, desde junio de 2011, un total de 29.161 informes de extranjería –arraigo y reagrupamiento familiar–, de los que un 6 por ciento, 1.758 casos, han sido desfavorables. Los principales motivos son el desconocimiento del catalán y la residencia en viviendas «patera» o insalubres.

La Generalitat asumió en junio de 2011 la competencia para emitir informes de extranjería, que también se llaman de arraigo. No son vinculantes para el Gobierno, que es la administración que concede los permisos de residencia. En marzo de este año, el Govern estableció los nuevos criterios para elaborar estos dictámenes, necesarios para conseguir la documentación de residente legal. Los nuevos requisitos se pactaron con entidades municipalistas.

En los nuevos requisitos, la Generalitat y los municipios establecieron que para conseguir este documento se tendrían en cuenta las condiciones de habitabilidad de la vivienda y el conocimiento del catalán y del castellano. Según los datos recabados por Efe, en el último año se han resuelto, a favor o en contra, el 84 por ciento de informes, 29.161 de 34.456.

De ellos, 26.717, algo más del 91 por ciento, se han resuelto con informes favorables, y 1.758, un 6,2 por ciento, con informes desfavorables, mientras que otros 686 tenían algún defecto de forma y están en periodo de trámite, por lo que aún se desconoce su resolución final.

Del total de informes emitidos por el gobierno catalán desde el 30 de junio del pasado año y hasta el 20 de julio de este, 19.589 (57 por ciento) correspondían a peticiones de informes de arraigo y 11.500 (33 por ciento) fueron peticiones para reagrupamiento familiar.

Diferentes renovaciones
Otros 2.738 expedientes, un 8 por ciento, fueron informes de renovación de residencia por reagrupamiento familiar, y 628, un 1,8 por ciento, por renovación de residencia temporal.
Según informaron a Efe fuentes del departamento de Bienestar Social y Familia, los principales motivos para la emisión desfavorable han sido el desconocimiento lingüístico, tener menos de tres años de residencia continuada, ausencia de un contrato de trabajo o falta de formación laboral o de entorno, para los casos de informes de arraigo.

En el caso de los informes de reagrupamiento familiar, imprescindibles para poder traer desde el país de origen a los hijos u otros familiares, los motivos más frecuentes para desaconsejarlos han sido residir en viviendas sobreocupadas, conocidas como los citados pisos «patera», con un exceso de inquilinos, en condiciones inadecuadas, o no haber acreditado el título del piso.

En mayo del año pasado, la Generalitat difundió una instrucción a todos los municipios para homogeneizar los criterios para la elaboración de los informes de arraigo que después se envían a la delegación del Gobierno, que es quien concede los permisos de residencia. Estos nuevos criterios ponen el acento en «valorar el esfuerzo de integración de las personas que solicitan el informe de extranjería», ya sea para acreditar su arraigo y legalizar su situación, renovar su residencia temporal o pedir reagrupamiento familiar. En el caso de reagrupamiento familiar, también se valora que el nivel de ingresos del solicitante sea suficiente para su familia.

Criterios
Los criterios para valorar el «grado de integración social para el arraigo social» incluyen el análisis de si el solicitante –un inmigrante en situación irregular– conoce suficientemente la sociedad catalana y tiene las competencias comunicativas básicas en las lenguas oficiales de Cataluña, el catalán y el castellano. Estas instrucciones para conseguir el arraigo son muy precisas, y la valoración se determina mediante una entrevista con responsables de cada ayuntamiento.

Insisten en atender a los ilegales
Por segundo día consecutivo, el director general de Inmigración de la Generalitat, Xavier Bosch, consideró que limitar la sanidad a inmigrantes irregulares es una «cortina de humo para que el Gobierno recorte derechos del estado del bienestar». Bosch indicó que los recortes en sanidad no solo afectan a los inmigrantes sin residencia legal en España, sino a los españoles que no han cotizado, por lo que «es un recorte de derechos que Cataluña no acepta». «Lo que plantean es un cambio de modelo: quieren que la sanidad deje de ser un derecho universal, como los servicios sociales y la enseñanza, para que sea un derecho solo de las personas que cotizan», apuntó. La Generalitat quiere ignorar la futura normativa que ultima el Gobierno sobre la sanidad y los inmigrantes ilegales.