No solo la oposición ha creído equivocada la decisión gubernamental de mantener a los inmigrantes en situación irregular fuera del sistema sanitario público, y hacerles suscribir un oneroso convenio si quieren utilizarlo: el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, tampoco ve con buenos ojos la medida y se ha declarado «no partidario de disminuir la asistencia sanitaria» al colectivo de ‘sin papeles’, pero esperará a conocer el texto definitivo de la orden de Sanidad para analizar con «qué resquicio legal» cuenta Galicia para sortear lo legislado. Es improbable que tal resquicio exista, por lo que la solución más practicable a su problema pasaría, seguramente, por buscar apoyo en los demás presidentes de comunidad autónoma y convencer juntos al gobierno de la nación de la inconveniencia de la exclusión. Al fin y al cabo, la Sanidad es una competencia autonómica y serán los políticos de ese rango los que hayan de dar explicaciones a la ciudadanía cuando ésta les reproche haber quebrado la universalidad de la asistencia sanitaria, uno de los derechos fundamentales en que se basa una determinada idea de civilización.