Madrid. El director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, aseguró ayer que los enfermos sin papeles crónicos serán atendidos y se pasará la factura a sus países de origen. “Se les enviará por la asistencia que se le ha prestado aquí”, dijo.

En unas declaraciones realizadas a Radio Nacional y recogidas por Europa Press, indicó que esta situación es la que afrontan la población del Estado al visitar otros países. “Cuando vamos a otros países tenemos que pagarlo o lo tiene que pagar nuestra Seguridad Social”.

Rivero reiteró que existen “bastantes” convenios de colaboración bilateral con otros países. Sin embargo, señaló que será el médico quién decidirá si es urgente, “y si hay que tratar a ese paciente”.

Según su criterio, “no puede ser otra persona” la que tome esta decisión, porque sólo él sabe si acarrea riesgo vital no someterse a un tratamiento. Y es que si no se toman las medidas asistenciales necesarias, se puede adquirir una patología “mucho más compleja de la que tiene en ese momento”, manifestó.

No obstante, Rivero puso de relieve que “posteriormente se tendrá que ver quién es el que financia esa asistencia que se ha dado. Hay que ver cómo se va a realizar el pago de esas asistencias”, concluyó.

falsa creencia La organización a favor del desarrollo sostenible ECODES ha elaborado el informe Poniendo Rostro a las medidas sobre la realidad de la atención sanitaria a las personas inmigrantes en el Estado español, en el que se refleja que este colectivo utiliza con “menor frecuencia” los servicios sanitarios y que, por ello, el coste de su atención es “menor” que el de la población estatal.

Este estudio se ha realizado a raíz de la publicación del Real Decreto de Sanidad y, concretamente, de la propuesta de hacer pagar a los inmigrantes sin papeles 710 euros anuales por la asistencia sanitaria a los menores de 65 años, y 1.864 euros a los mayores de esa edad.

El trabajo incide en las consecuencias que se pueden derivar de la aplicación de las medidas. “Las personas no dejarán de enfermar porque un decreto lo regule, simplemente los esconderemos y, si hay que atenderlos, lo haremos en un recurso más caro y especializado, el de las urgencias”, dicen los autores del informe.

En este sentido, avisan de que en el caso en el que estas personas tengan algún tipo de enfermedad no van a poder ser atenidas debido a que, muchas de ellas, no tienen medios para ser atendidas o para comprar medicamentos. Un hecho que, han recalcado, va a dificultar que se pueda cortar la transmisión de enfermedades.

sanitarios objetores Por otro lado, al cumplirse un mes desde de que la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) pidiera a los médicos recurrir a la objeción de conciencia para poder atender a los inmigrantes , han sido ya 1.035 profesionales que se han acogido a este derecho.

Según ha confirmado a Europa Press el secretario general de SEMFYC, Salvador Tranche, esta propuesta ha sido bien acogida entre los Médicos de Familia, por lo que ha calificado de “excelente” que en tan sólo un mes se hayan sumado más de 1.000 facultativos.

“Es poco tiempo pero parece que la respuesta es excelente, teniendo en cuenta que mucha gente está a favor pero que le cuesta un poco manifestar públicamente su objeción”. Según la Sociedad, el Decreto de Sanidad que establece la retirada de la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles que ya están siendo tratados en España, supone un “conflicto ético”.