El portavoz del Gobierno autonómico, Daniel Conesa, considera que la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares es una «medida lógica» a la que el Gobierno de Mariano Rajoy ha tenido que recurrir para solucionar los problemas económicos del país y que, en ningún caso, supone que se deje desamparados a quienes precisen de una atención médica de urgencia.

Las declaraciones del popular llegan después de que el Ejecutivo nacional anunciase que las personas que han accedido a España clandestinamente y que residen en ella de forma irregular tendrán que costearse los servicios sanitarios que precisen, salvo urgencias, partos, asistencias infantiles, vacunaciones y enfermos crónicos, pasándose la factura de estos últimos a los países de origen según ha informado el director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, en RNE.

Conesa advierte como algo obvio que las personas que acceden irregularmente a España no pueden tener los mismos derechos que los ciudadanos españoles o aquellos que están en España en una situación legal.

El popular señaló también que esta decisión, como muchas otras, surge de la necesidad de sacar a España de la ruina en la que, insistió, la sumió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Por eso, desaprueba las críticas de quienes cree que, llegando a La Moncloa en tiempos de bonanza económica para el país, «malgastaron el dinero» y «no hicieron previsiones ni acometieron las reformas necesarias».

En definitiva, el Ejecutivo local apoya esta medida – que entraría en vigor el 1 de septiembre de este mismo año – al entender que es necesario restringir aspectos de la administración en tanto que lo administrado ha pasado de ser una «empresa con beneficios» a una en ruina.

Con todo, aseguró que la atención de los servicios de urgencias seguirán siendo una garantía para cuantos precisen de ellos por «una cuestión de humanidad».

Los inmigrantes que quedan fuera del sistema público podrán acogerse al convenio que el Ministerio de Sanidad estudia con las comunidades autónomas y que supone un coste de 710 euros al año para el paciente que se acoja, 1.864 si su edad supera los 65 años.