La presión contra la exclusión de los ‘sin papeles’ de la cobertura sanitaria comienza a dar resultados. El Gobierno da un paso atrás y ahora asegura que los enfermos crónicos que requieran un tratamiento serán atendidos a pesar de encontrarse en situación irregular. La factura será enviada a sus países de origen, que deberán abonar el coste de las operaciones, según aseguró ayer el director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero.

Desde la aprobación del decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario del sistema sanitario la polémica ha estado servida. Rebelión de algunas comunidades autónomas (Cataluña, Andalucía o País Vasco), cientos de médicos declarados objetores de conciencia, críticas de la oposición y movilizaciones de asociaciones de inmigrantes en ciernes. Todo ello ha obligado al Gobierno a mover ficha, romper su voto de silencio y dar explicaciones para rebajar la alarma generada sobre una confusa medida.

Y es que el punto más polémico es el referente a los inmigrantes irregulares que son enfermos crónicos. En principio, la normativa no contemplaba la atención de estos pacientes, cuyo tratamiento se vería interrumpido al retirarles la tarjeta sanitaria el próximo 1 de septiembre. Ante el revuelo generado y las denuncias desde diversas asociaciones médicas sobre el riesgo para la salud de estos afectados, el Ministerio que dirige Ana Mato aclaró que se mantendrán dentro del Sistema Nacional de Salud. Eso sí, el Ejecutivo insistió en que el coste correrá a cargo de los países de origen. «Existen bastantes convenios de colaboración bilateral con otros países», explicó Rivero. Estas declaraciones se suman a las del portavoz de Sanidad del PP, Manuel Cervera, que también garantizó que cualquier enfermedad grave o en proceso de tratamiento «continuará siendo tratada» aunque el paciente sea un inmigrante irregular

Desde el Ministerio aseguran que es una circunstancia similar a la que ocurre con los españoles en terceros países. El coste del tratamiento de estas personas lo cubre la Seguridad Social española. Sin embargo, la iniciativa con los ‘sin papeles’ es complicada de llevar a la práctica. La inestable situación política o económica de los países de origen de gran parte de los inmigrantes irregulares no hace prever acuerdos sencillos. Todo ello siempre que sea posible conocer la nacionalidad del inmigrante, algo que en muchas ocasiones no ocurre.

Satisfacción

En cualquier caso, los opositores a la normativa consideran que la iniciativa va en la buena dirección. El secretario general de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), Salvador Tranche, mostró su «satisfacción» por la nueva propuesta del Gobierno. «Nuestro objetivo es seguir manteniendo la relación asistencial que tenemos con los inmigrantes . Si esto se consigue a base de que ellos regularicen su situación y se le facture a su país me parece fantástico», aseguró.

Tranche es uno de los más de 1.000 médicos objetores que han suscrito un documento en el que declaran su intención de seguir atendiendo a sus pacientes, aunque incumplan la normativa. Como él, otros facultativos aseguraban que su juramento hipocrático les obliga a atender a un paciente independientemente de su condición. Y quieren hacerlo en su centro de trabajo y en horario laboral, no de forma altruista como proponían algunos miembros del PP o colegios profesionales. Una actitud que podría tener consecuencias administrativas para los facultativos. El Colegio de Enfermería advirtió de la «inviabilidad» jurídica de la objeción. Sin embargo, desde SEMFYC y otros sindicatos médicos aseguran que están preparados para la batalla judicial.