El director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, confirmó ayer que los inmigrantes irregulares con enfremedades crónicas serán atendidos y se pasará la factura a sus países de origen. “Se les enviará por la asistencia que se les ha prestado aquí”, aseguró.

Rivero indicó que esta situación es la que afrontan los españoles al visitar otras naciones. “Cuando vamos a otros países tenemos que pagarlo o lo tiene que pagar nuestra Seguridad Social”, sostiene.

Así, reiteró que existen “bastantes” convenios de colaboración bilateral con otros países. Sin embargo, señala que será el médico quien decidirá si es urgente, “y si hay que tratar a ese paciente”.

Según su criterio, “no puede ser otra persona” la que tome esta decisión, porque solo él sabe si acarrea riesgo vital no someterse a un tratamiento. Y es que si no se toman las medidas asistenciales necesarias, se puede adquirir una patología “mucho más compleja de la que tiene en ese momento”.

No obstante, Rivero pone de relieve que “posteriormente se tendrá que ver quién es el que financia esa asistencia que se ha dado. Hay que ver cómo se va a realizar el pago de esas asistencias”, concluyó.

Por su parte, los inmigrantes convocaron a partidos políticos y sindicatos a una reunión que se celebrará hoy para consensuar un conjunto de actuaciones en contra de la reforma sanitaria.

Un grupo de asociaciones como Rumiñahui, Vomade, Ari – Perú y la Federación de Asociaciones Rumanas, entre otras, convocaron a representantes de los sindicatos UGT, USO y CCOO, y de partidos políticos – PSOE, IU y UPyD – para analizar una postura “común y consensuada” en contra de los ajustes en sanidad.

Uno de los portavoces de esta alianza de organizaciones de inmigrantes , Pedro Álvarez, aseguró que se plantean “cualquier medida” para exigir la retirada del decreto que modifica el acceso al Sistema Nacional de Salud.

“Estamos dispuestos a todo porque creemos que es una violación de un derecho natural, como es el de la salud, y lógicamente haremos todo lo que esté en nuestras manos a nivel nacional”, señaló el portavoz, miembro de Voluntariado de Madres Dominicanas (Vomade).

En todo caso, el portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso, José Martínez Olmos, calificó de “injusta y xenófoba” la decisión del Gobierno de no atender a los inmigrantes indocumentados y reprochó la política “de amenazas y obstrucción” frente a sanitarios que hagan objeción de conciencia.

Así lo manifestó al reprochar a la que “desaparecida” ministra de Sanidad, Ana Mato, que está “cargándose” el Estado de Bienestar.

“Mato, desde la distancia, ha provocado una implosión de los derechos de inmigrantes que trabajan sin papeles, atacando a los más débiles en vez de buscar a las empresas o personas que los tienen trabajando sin papeles”, criticó el portavoz socialista. Olmos pronosticó que la medida será “ineficaz y más costosa” para la sociedad y habló de que las restricciones afectarán a la seguridad ciudadana.