Desde el día 1 de septiembre, unas 150.000 personas mayores de edad que viven en España en situación irregular no podrán ir al centro de salud ni a la consulta del especialista ni a hacerse una radiografía. Su tarjeta sanitaria, que les permite ahora —si están empadronadas— recibir asistencia médica, será desactivada. Solo las embarazadas recibirán atención al parto y posparto. El resto únicamente podrá acudir a urgencias. Una consulta por una gripe, una gastroenteritis o cualquier otro problema de salud que no se considere a priori grave quedará en manos de los médicos que se han declarado objetores y de las organizaciones no gubernamentales que les prestan asistencia.

El Consejo General de Enfermería propuso ayer a sus miembros la creación de consultas en los colegios profesionales. Una forma, explica su presidente, Máximo González Jurado, de seguir atendiendo a sus pacientes, “pero dentro de la legalidad”.

Mas los medios de la sanidad pública —económicos y físicos— y los de estas entidades no son los mismos. “¿Quién y dónde, si no se puede en la pública, va a hacer las pruebas diagnósticas, los estudios y las intervenciones?”, se ha preguntado siempre Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial. “Si el coste de la atención a estos pacientes es tan insignificante que se puede llevar a cabo con cualquier mecanismo alternativo, ¿por qué no se sigue haciendo en la red pública? Esto es montar un régimen de caridad y abrir dos vías en la sanidad: una para ricos y otra para pobres”.

Las organizaciones que atienden a sin papeles, y que hasta ahora eran un apoyo, advierten de que las subvenciones que reciben, además, son cada vez más escasas. La propuesta del Gobierno de cobrar a los sin papeles un “aseguramiento” de 710 euros al año por recibir asistencia en la sanidad pública tampoco es para muchos una buena opción.