NATALIA ORTIZ / Sevilla
A partir del 1 de septiembre, se seguirá
atendiendo con normalidad
a los inmigrantes sin papeles en la
sanidad pública andaluza. Así lo
aseguró ayer María Jesús Montero,
consejera de Salud y Bienestar
Social, que afirmó no haber recibido
aún copia del documento que
estipula el pago del servicio sanitario
para dicho colectivo.
La consejera insistió en que la
iniciativa del Gobierno central de
cobrar 710 euros anuales a la población
en situación irregular (hasta
1.800 para los mayores de 65
años) significa, en la práctica,
«echarlos del sistema sanitario» y
excluirlos del «derecho a la atención
» médica recogido en el Estatuto
de Autonomía de Andalucía,
donde se establece para todo aquel
que tenga vecindad administrativa
en la comunidad.
Según las estadísticas, los inmigrantes
representan un 0,6% de
las consultas de Atención Primaria
en Andalucía y el 1% delas consultas
externas. La cifra se eleva los
partos, con un 7%. Aun así, no supone
la parte «más costosa» del
sistema público sanitario porque
se trata de personas que, en su
mayoría, «no tiene cultura de atención
sanitaria» y que, además, «temen
que se les cobre o se dificulte
más su situación administrativa».
Montero declaró que los centros
sanitarios de la comunidad tienen
órdenes de continuar su servicio
con normalidad. «Las instrucciones
dadas a los centros sanitarios
desde el inicio de esta ruptura del
aseguramiento que se produjo con
el decreto ley de medidas urgentes,
donde ya se adelantaba esta
medida, es que se seguirá atendiendo
y que se defenderá en los
tribunales aquellos elementos que
consideramos que invaden competencias
o vulneran lo establecido
en nuestro Estatuto», recalcó. Por
tanto, como ya anunció ella misma
hace tan sólo unos días, la Junta
estaría dispuesta a recurrir al Tribunal
Constitucional.
Sin embargo, puntualizó que esa
decisión se tomará una vez que los
servicios jurídicos de la Junta hayan
analizado «la letra pequeña»
del texto de la iniciativa.
Afirmó que, desde la Junta, consideran
«una grave exclusión» que
un inmigrante irregular de más de
65 años tenga que pagar unos
1.800 euros anuales para poder acceder
a la sanidad pública. «Es algo
impracticable para esta sociedad
tan vulnerable», censuró.
Tras insistir en que «la población
puede estar tranquila» a este
respecto, la consejera explicó que
Andalucía no está dispuesta a dejar
de atender a ninguna persona,
fundamentalmente por tres motivos:
por razones de humanidad,
porque así lo establece el Estatuto
de Andalucía y porque un control
adecuado de toda la población evita
problemas de salud pública.
Además, añadió que «el no tratamiento
de determinados problemas
de salud en los momentos
precoces puede ocasionar no solo
mayor dolor para quienes lo padecen
sino también incrementos económicos
para el sistema», por lo
que «es preferible tratar siempre
los problemas en un primer entorno
antes de que se agraven».
La consejera no supo precisar
cuántas personas se verían afectadas
por la medida del Gobierno,
pero cálculo apróximadamente
que se trataría de unas 150.000
personas a nivel nacional, y unos
30.000 ‘sin papeles’ sólo en la comunidad
andaluza.