El tono ha cambiado. Lo reconocen los afectados, que dicen sentirse «menos estigmatizados». El fondo no, pero aún se les persigue y se les obliga a emigrar con la casa a otra parte, de una carretera a un descampado. En 2010, Nicolas Sarkozy aseguró que haría desaparecer del territorio francés los «campamentos salvajes» de rumanos. Ahora es François Hollande el que quiere desmantelar los asentamientos ilegales porque, dice su ministro del Interior, son focos insalubres y suponen «un desafío a la convivencia».

«Los prefectos [de policía] tienen por misión desmantelar estos enclaves cada vez que haya una decisión de la Justicia al respecto», advirtió el titular del Interior, Manuel Valls, hace unos días. La orden gubernamental comenzó a aplicarse el lunes y, a cuentagotas, los agentes ya han desmantelado varios asentamientos en París y en Lille. Francia aumenta así la presión contra los ilegales, como ya están haciendo Grecia o Italia, y como ya hizo Sarkozy hace dos años. Ciudadanos europeos, los llegados de Rumania, no disfrutarán del derecho de libre circulación hasta 2013. Ayer, por orden del juez y tras una denuncia vecinal, se desalojó a una veintena de familias en Villeneuve d’Ascq, en Lille. Además, un avión partió de Lyon rumbo a Rumanía con 200 itinerantes. Según Libération, los agentes recorren los asentamientos para animar a sus inquilinos a volver a casa.

En 2010, Sarkozy aprobó ayudas (billete de avión y 300 euros) para motivar a los sin papeles a regresar a su país. Interior matizó que se revisarán estos incentivos para los que no cumplan las condiciones de residencia. «Hasta ahora Sarkozy no nos había expulsado, han sido los socialistas», lamentó Yann Lafolie, de Solidarité Roms, a Libération. En Francia viven 15.000 rumanos, una cifra que se ha mantenido estable a pesar de las expulsiones. Según Romeurope, los inmigrantes «llegan a Francia pensando que van a encontrar trabajo». Las actuaciones policiales de ayer fueron criticadas por las asociaciones de rumanos y por los partidos de izquierda, que reprocharon al Gobierno que aplique la misma política que criticó a su antecesor. Hasta el punto de que el diputado del UMP Eric Ciotti alabó «la lucidez», de Valls, al iniciar las expulsiones, también aplaudidas por Marine Le Pen, del Frente Nacional.

«Esperábamos algo más del presidente», lamentó Roseline Tiset, de la liga de derechos humanos. Los afectados exigen a Hollande que cumpla con lo que prometió durante la campaña electoral, cuando aseguró que no habría desalojos sin soluciones. Expulsiones sí, la inserción tendrá que esperar, pues, según Romeurope, los expulsados «se dispersan y vuelven a montar sus campamentos en otro sitio».

En noviembre de 2011 Bruselas ya condenó a París por estas expulsiones al considerarlas discriminatorias. Las organizaciones sí reconocen que ahora al menos no se les asocia a la delincuencia y que el Gobierno se ha reunido con ellos para escuchar sus propuestas. El Ejecutivo se defendió y aseguró que la evacuación el miércoles de un campamento en París se produjo tras «meses de negociación con los responsables locales».

>Videoanálisis de R. Villaécija.