en contra del pago

El PNV apoya que no se aplique la cuota sanitaria para inmigrantes en Euskadi

Insta al PSE a que se comprometa con este colectivo

El sindicato ELA exige al Gobierno Vasco y al navarro que no apliquen la medida en sus territorios

Diario de noticias de Gipuzkoa, efe, 10-08-2012

Donostia. El PNV está en contra del pago por los inmigrantes irregulares de una cuota para acceder a la sanidad pública, y apoyará las actuaciones que haga el Gobierno Vasco para que se les siga prestando atención sanitaria.

El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate defendió ayer que todas las personas que vivan en Euskadi tengan derecho a la prestación sanitaria independientemente de cuál sea su situación administrativa, es decir, si son irregulares o no.

El Gobierno Vasco ha manifestado a lo largo de la semana que en Euskadi se mantendrá la asistencia sanitaria a todos los colectivos. En este sentido Iturrate dijo que “coincidimos con ello, que las personas que viven en Euskadi tengan los mismos derechos; apoyamos las declaraciones del Gobierno Vasco, y confiamos en que no se quede en palabras y que se comprometa con la asistencia sanitaria universal y no exija sacrificios incumplibles a los inmigrantes”.

A juicio del dirigente de PNV, la propuesta del Ministerio de Sanidad “es un error, una vuelta de tuerca más del Gobierno de Rajoy en hacer pagar las consecuencias de la crisis al sector más desfavorecido” de la sociedad.

Para Iturrate, más que un ahorro económico, con esta medida se plasma “el proyecto político e ideológico del PP, que está intentando agitar el fantasma de la inmigración como causa de la problemas de la sociedad; hay una tendencia injusta e irreal que equipara inmigración con fraude y nosotros no vamos a participar en esas políticas”, afirmó.

“discriminación intolerable” Por su parte, el sindicato ELA calificó de “discriminación intolerable” la norma anunciada por el ejecutivo de Rajoy.

Esta central, mayoritaria en Euskadi y con implantación en Navarra, exigió, en un comunicado, a los gobiernos de ambas comunidades autónomas que se nieguen a imponer dicha tasa para atender a los “sin papeles” en sus respectivos servicios de salud.

ELA consideró que esta medida del Gobierno del PP “ocasionará consecuencias humanitarias dramáticas” y supondrá “una discriminación intolerable: hacer pagar a los más pobres por una asistencia sanitaria que debe ser universal y gratuita, como hasta ahora”.

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