Cien médicos gallegos han manifestado su intención de objetar el proyecto de Decreto-Ley que prepara el Gobierno presidido por Mariano Rajoy para cobrar a los inmigrantes irregulares por la asistencia sanitaria, y afirman que mantendrán su atención a ese colectivo. La Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria secunda una campaña de la asociación española que engloba a estos profesionales, y que cuenta con más de 900 adhesiones. La entidad propone a los profesionales que firmen un documento en el que soliciten su «voluntad de querer ejercer la objeción de conciencia ante la norma promulgada por el gobierno español en el RD 16/2012 que deja sin prestación sanitaria a personas que hasta ahora habíamos atendido en nuestras consultas. Mi lealtad con los pacientes hace que no sea posible faltar a mi deber ético profesional e incurrir en el abandono. Entiendo que la objeción de conciencia, tal como se entiende actualmente en el contexto de la actividad profesional, es la negativa por motivos de conciencia a someterse a una conducta jurídicamente exigible, ya sea por tratarse de una obligación que proviene de una norma legal, de un mandato de la autoridad o de una resolución administrativa, tomando la forma de omisión de presunto deber, del cual se solicita ser eximido sin se ser penalizado. Es mi voluntad poder seguir atendiendo a las personas que son mis pacientes y que no tienen permiso de residencia».

Otra entidad médica, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, señala que de prosperar esa propuesta se producirá una saturación de los servicios de urgencias por parte de inmigrantes a quienes se les retire la tarjeta sanitaria.

El anuncio por parte del Gobierno de esta medida genera importante contestación y las comunidades del País Vasco, Cataluña, Asturias y Andalucía se oponen o plantean reticencias, mientras el PP defiende que ante la existencia de recursos limitados hay que «priorizar a los españoles».