Frontal repulsa social en Navarra a la pretensión del Gobierno del PP de que los inmigrantes irregulares paguen una cuota de 710 euros al año para recibir asistencia pública.

Pamplona. Las reacciones de los colectivos que trabajan con sin papeles se sucedieron un día después de que el Ministerio de Sanidad explicara que los extranjeros que se encuentren en España y no coticen a la Seguridad Social, que no sean ni asegurados ni beneficiarios, tendrán que pagar una cuota mensual si quieren tener una cobertura completa. La medida, que para las asociaciones es populista y busca la salida de los inmigrantes del país, está diseñada, según Sanidad, para personas “rentistas” que nunca han trabajado, para europeos que quieran ser atendidos por el sistema sanitario español y para otros extranjeros que durante su estancia en el Estado quieran esa cobertura total por el sistema público, por lo que afectará también a inmigrantes irregulares.

Este peaje sanitario a través de la suscripción de una especie de póliza con la sanidad pública de 59,2 euros al mes para los menores de 65 años y de 155,4 para el resto suscitó en los colectivos navarros duras críticas y dudas legales. “¿Cómo alguien que no existe para la Administración va a pagarle un seguro, que encima le sale más caro que uno privado? Si el Estado le dice a una persona que pague, automáticamente le está reconociendo un derecho a alguien que no existe y al que tiene obligación de expulsar. El término más suave para definirlo es hipocresía, y el más duro, desvergüenza. Además, desde el punto de vista legal es una barbaridad”, cuestionó Marcelo Argañaraz, de la Coordinadora de Inmigrantes de Navarra, quien avisó de la amenaza sobre el Estado de bienestar. “Estas medidas no afectarán solo a la inmigración. Las personas autóctonas terminarán con una sanidad como la de EEUU: ‘el que quiera salud que la pague’. Es un mercado apetecible para la empresa privada”, advirtió.

Desde la asesoría jurídica Etorkin, Rafael Paredes puso en duda la eficacia de la medida. “Si la plantean con finalidad recaudatoria, no tendrá éxito. No puedo creer que quieran cobrar a personas que no tienen nada. ¿Cómo van a cobrarles 710 euros si no tienen dinero ni para comer? Están en el nivel de subsistencia. Es una falta de respeto proponer esto”, censuró. A su juicio, el objetivo del peaje sanitario es “echar a los inmigrantes”. “Quieren que se harten, que pasen hambre y calamidades para que se vayan”, denunció Paredes, quien vaticinó que el Gobierno también fracasará en este objetivo. “Los subsaharianos no se marcharán porque no tienen dónde ir”, expuso antes de pedir al Ejecutivo de UPN que no adopte esta política. “Que no digan que es una medida de obligado cumplimiento. No tienen por qué aplicarla”, aseguró, tras constatar la inquietud entre los inmigrantes. “Tienen miedo”, observó.

Beatriz Villahizán, de SOS Racismo, recordó que estas medidas cuentan con el apoyo de UPN en el Congreso de los Diputados y alertó de que el trasfondo del planteamiento “es privatizar un derecho básico, el acceso a la sanidad pública”. SOS Racismo criticó, en esta línea, el discurso “retórico y populista” de Sanidad, así como la contradicción que entraña cobrar a los sin papeles. “Aceptar dinero de los inmigrantes irregulares es aceptarlo de la economía sumergida”, resumió Villahizán. “Pedimos al Gobierno foral dijo una postura responsable para mantener el derecho a la sanidad en igualdad y universalidad para todas las personas que viven en Navarra, que tiene competencias para adoptar decisiones propias. Cobrar es una irresponsabilidad y una cobardía”.

Yolanda Rodríguez, de Médicos del Mundo, coincidió en que el peaje sanitario “rompe el sistema de solidaridad y progresividad”. “La medida equipara el sistema público al privado e incide en los más vulnerables, los inmigrantes irregulares, que no se pueden permitir seguro privado ni público. Los decretos son un paripé, lo que quieren es privatizar la sanidad y dejar una cobertura básica”, dijo, tras recordar que los inmigrantes financian la sanidad a través de impuestos como el IVA. “Repagarán la atención, primero con impuestos y luego con las cuotas”, destacó.

Todas las asociaciones coincidieron en manifestar su preocupación por el silencio del Gobierno foral sobre la normativa que prepara para regular la asistencia a los inmigrantes tras su anuncio de que los empadronados antes del 30 abril mantendrán la tarjeta sanitaria pero sin aclarar qué sucederá con los que lleguen a Navarra tras esa fecha o los que no puedan renovar sus papeles y pasen a ser irregulares. “Son entre 6.000 y 7.000 y esa cifra se va a incrementar”, advirtió Argañaraz. “Me temo que aunque hayan tenido permiso de trabajo les aplicarán la condición de irregular y les exigirán que paguen”, vaticinó. En su opinión, el Gobierno foral buscar blanquear una política aplicada de facto, la de cobrar la asistencia a inmigrantes que admitían trabajar pese a que no les habían hecho contrato.

“Quienes no tengan acceso a la tarjeta sanitaria ni al nuevo seguro se quedarán sin asistencia”, alertó Villahizán, que por otra parte, criticó, al igual que Rodríguez, que el Ejecutivo foral no haya aclarado “cómo funcionará el sistema de Urgencias, ni qué pasará con los enfermos crónicos o los que sigan tratamientos prolongados. No se han preocupado de desgranarlo”. “La medida entra en vigor el 1 de septiembre y no sabemos nada, solo que ya hay personas a las que se les dice que se van a quedar sin tarjeta”, lamentó.

Silvia Velasquez, de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra (FAIN), destacó que ahora “son los españoles los que emigran y con los que habrá que tener solidaridad” y calificó de “castigo” la media a un colectivo que “ha contribuido con el sistema y al que ahora se da la espalda”.