Si hay alguna organización no gubernamental que está levantando de manera contundente su voz en contra de las medidas de ajuste del Gobierno en materia social es Cáritas. Y lo ha hecho de forma rotunda contra el decreto que deja fuera de la asistencia sanitaria a los inmigrantes simpapeles a partir del 1 de septiembre, al considerar que “desprotege aún más si cabe a las personas más vulnerables”.

Así lo indica en un comunicado en el que advierte que este tipo de medidas están sentando las bases “para que surja un sistema estatal paralelo de beneficencia para las personas” más desprotegidas, un sistema que encima es “poco realista en cuanto a la eficiencia y el ahorro”. Cáritas cree que otro ejemplo de ese nuevo modelo social y sanitario al que los recortes están conduciendo es la nueva propuesta del Gobierno de dar asistencia sanitaria pública a aquellos colectivos que, aunque no cotizan a la Seguridad Social, paguen una cuota anual de 710 euros anuales para ser asistidos en la sanidad pública.

Porque, ¿qué inmigrante simpapeles puede pagar esa cantidad? Es posible que los europeos que quieren ser atendidos en España (protagonistas del llamado turismo sanitario que quiere combatir el Ejecutivo) pueden hacer frente a un pago de 60 euros mensuales (cifra que se incrementa en función de la edad del contratante, como la mayoría de los seguros), como también aquellos españoles con ingresos superiores a los 100,000 euros pero que nunca han cotizado. Pero pocos inmigrantes que, sin los permisos pertinentes, vienen a España en busca de un trabajo.

Cáritas cree que el Gobierno está adoptando una serie de decisiones “sin la debida” reflexión que permita evaluar el impacto de las mismas sobre el sistema de derechos en el que se sustenta la sociedad, ni su repercusión sobre los ciudadanos más débiles. Unas medidas que, según la organización cristiana, “alimentan un discurso reduccionista y lleno de riegos según el cual las personas migrantes que conviven y forman parte de nuestras comunidades son las responsables del deterioro socioeconómico actual”.

La organización de la Iglesia católica española rechaza de manera contundente la “dualización del sistema sanitario”, que supone ofrecer a los ciudadanos una cobertura distinta según el grupo de población al que se pertenezca, así como la constitución de un “sistema paralelo de beneficencia” para las personas más vulnerables.

Muchas son las organizaciones no gubernamentales que comparten la visión de Cáritas, entre ellas Amnistía Internacional o Médicos del Mundo. También expertos en exclusión social como el catedrático de Sociología de la UNED, José Feliz Tezanos, quien lleva tiempo hablando de las consecuencias de la nueva división de clases sociales.

Tezanos, en su libro La sociedad dDividida, alerta sobre el riesgo del “adelgazamiento” de la clase media española, mientras aumenta considerablemente el número de personas que “desciende” de estatus. Y en ese último escalón, como siempre, se situarían los inmigrantes simpapeles, pero ahora incluso, en un papel mucho más marginal al perder el derecho a la salud.

¿Qué ocurrirá con los inmigrantes sin permiso de residencia ni trabajo que no puedan pagar ese seguro sanitario? La ministra de Sanidad, Ana Mato, ya anunció en su día que este colectivo de personas–que Cáritas cifra en unas 150.000– serán remitidas a las oenegés para que sean atendidas. Las organizaciones, no gubernamentales, por su parte, niegan esa posibilidad, ya que la mayoría de ellas no cuentan con personal sanitario, sino que realizan trabajos de asistencia social.