Urgencias por enfermedad o accidente. Ese es el único resquicio que el decreto aprobado por el Gobierno deja a los inmigrantes ilegales para ser atendidos en el sistema público de salud. Y ese es el motivo por el que los médicos han dado la voz de alarma. Auguran un colapso de este servicio a partir del 1 de septiembre, fecha en la que los ‘sin papeles’ que no hayan suscrito un convenio por valor de 710 euros quedarán fuera de la cobertura pública sanitaria. En Euskadi, el Gobierno Vasco asegura que no aplicará esta medida y que Osakidetza seguirán dandfo atención a los ‘sin papeles’.
«Cuando entre en vigor la medida aumentará en mucho la frecuentación de los servicios de urgencias», criticó ayer el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), Tomás Toranzo En su opinión, el «uso abusivo» que se hace actualmente de estos servicios «empeorará aún más» al incrementarse el número de usuarios.
El decreto obligará a tres grupos de población a suscribir convenios si quieren recibir atención. Se trata de los españoles que nunca hayan trabajado y tengan ingresos superiores a los 100.000 euros al año (los rentistas); europeos que voluntariamente quieran suscribir estos convenios; y, por último, nacionales de terceros países que durante su estancia en España quieran formalizar el convenio para ser atendidos por el sistema público. Todos ellos deberán formalizar un convenio que costará 710 euros al año (59,20 al mes), salvo en el caso de los mayores de 65 años, que tendrán que pagar hasta 1.864 (155,40 al mes).
Estas cifras fueron denunciadas por desorbitadas para unos colectivos, como el de los ‘sin papeles’, con dificultades económicas. Sin embargo, el Gobierno garantiza la asistencia básica a todos los ciudadanos en caso de «urgencias por enfermedad o accidente». Los facultativos aseguran que las personas que estén en España irregularmente aprovecharán esa ventana legal para acceder a la atención médica, no solo en casos graves, sino «ante cualquier contingencia de salud». Además, Toranzo se quejó de que este incremento de la demanda aumentará la ya «excesiva carga de trabajo» que soportan los profesionales. Un hecho unido a los recortes que sufren en los últimos meses y que produce en el colectivo de urgencias «desmotivación».
Unos de los principales perjudicados de esta normativa son las personas que recibían un tratamiento médico por una enfermedad crónica y que ahora quedarán excluidos. La Coordinadora Estatal de VIH-Sida, Cesida, advirtió del «deterioro de la salud» para aquellos extranjeros que a partir de septiembre no podrán comprar los medicamentos antirretrovirales, lo que provocará «una falta de control sanitario respecto a la transmisión del VIH u otras enfermedades infectocontagiososas».
Por su parte, los colectivos de inmigrantes anunciaron movilizaciones para el día 1 de septiembre. La plataforma ‘Tenemos derecho a la salud sin condiciones’, integrada por organizaciones de defensa de los inmigrantes , convocaron manifestaciones en distintas ciudades para reclamar al Gobierno que retire un decreto que «segrega a una parte importante de la sociedad». También criticaron que se recurra a la fórmula del copago como una manera «elegante» de marginar a los indocumentados.
Objetores
Mientras tanto, el número de médicos objetores que declaran su disconformidad con el decreto y afirman su voluntad de seguir atendiendo a sus pacientes aunque no tengan permiso de residencia sigue aumentando. Ayer, la página web de la Sociedad Española de Médicos de Familia y Comunitaria (Semfyc) contaba ya con cerca de un millar de objetores.
Pero la medida no solo genera rechazo entre la mayoría de los profesionales, sino en algunas comunidades autónomas. De momento, Cataluña, Euskadi y Andalucía ya anunciaron que seguirían atendiendo a los irregulares. Sin embargo, el resto de gobiernos regionales tampoco saben cómo se articulará el convenio ni quién se encargará de cobrar a los ‘sin papeles’.