Donostia. Tras conocer que el Gobierno de Rajoy pretende cobrar a partir del próximo 1 de septiembre 710 euros anuales a los inmigrantes en situación irregular que deseen recibir asistencia sanitaria – más del doble, 1.864 euros, a aquellos mayores de 65 años – los diferentes colectivos sanitarios se han puesto en pie de guerra contra una medida que estiman “injusta”, que califican como “una vulneración de un derecho básico” del ser humano y que, además, consideran que “no soluciona los problemas económicos que tiene la Sanidad”.

“Nos están generando un problema ético porque los médicos de atención primaria seguiremos atendiendo a los enfermos que nos vengan, aunque luego no lo cobremos”, admite Agustín Gutiérrez, miembro del sindicato médico. Al igual que él, María Jesús Zapirain, presidenta del Colegio de Enfermería de Gipuzkoa señala que “no creo que haya ningún profesional que dentro de su espíritu contemple el dejar sin atender a alguien. Para nosotros, lo primero es la salud y prevenir la enfermedad”.

Los sanitarios dejan claro que su intención es la de rebelarse contra esta norma si bien admiten que se crearán circunstancias comprometidas. “Lógicamente, si un inmigrante tiene un catarro, tal vez no vaya al médico, pero si tiene una neumonía tendrá que ir. Muchos continuarán yendo adonde su médico de cabecera, al que ya conocen, y que les seguirá tratando como hasta ahora, pero tendrán que buscarse la vida para conseguir las medicinas porque el médico no podrá recetarles nada porque además, en la farmacia no admitirían esas recetas”, explicaba Gutiérrez a modo de ejemplo.

“Todos los profesionales sanitarios estamos obligados por la ética a atender las necesidades de la salud de la población. Entendemos que tenemos la responsabilidad de responder al problema de salud de cualquier persona, incluidos los inmigrantes, tengan o no papeles, porque entendemos que la salud es un derecho básico y esta norma lo vulnera”, apunta la presidenta del colegio de enfermería.

Por eso, los sanitarios no descartan organizarse de forma individual para atender las necesidades que pueda tener este colectivo. “Lo que no podemos hacer es dejar a una persona sin atención, así que estamos estudiando qué podemos hacer para que a nivel particular podamos dar respuesta a esta gente cuando llegue la medida”, comentaba Zapirain.

ahorro sanitario Una de las justificaciones empleadas por el Ejecutivo de Rajoy para adoptar esta medida es que servirá para reducir costes en el sistema sanitario, pero los facultativos ponen en duda este hecho y señalan que, lejos de lograr este objetivo, la nueva norma costará dinero a las arcas públicas. “En lugar de generar ahorro, que es lo que pretenden, va a suponer más gasto porque si esta gente tiene que pagar para que le atiendan y no tienen dinero, el que esté enfermo enfermará más, y si se trata de una enfermedad de tipo transmisible, va a colaborar en que la población enferme y todo eso va a generar un mayor coste”, asevera Zapirain.

“De ahorro nada. Esta medida va a suponer muchos gastos porque vamos a tener mayores riesgos sanitarios ya que habrá enfermedades de países subdesarrollados, como la tuberculosis, que van a quedar dando vueltas por ahí, contagiando a la gente, lo que va a suponer un riesgo significativo”, apuntaba Gutiérrez.

Asimismo, denuncian que se ha utilizado la problemática del turismo sanitario para adoptar la nueva norma. “Es cierto que hay que cortar el turismo sanitario, sobre todo proveniente de poblaciones poderosas como Alemania o Inglaterra, que tienen dinero suficiente para financiarse su propia medicina, pero esto no tiene nada que ver con la asistencia sanitaria a ilegales. Con esto se está intentando justificar una medida que a nuestro entender no es justificable”, sentenciaba Gutiérrez. “Somos conscientes de la situación de crisis en la que estamos inmersos, que hace falta dinero y que hay que hacer sostenible el sistema sanitario, pero entendemos que hay otras muchas medidas previas a esta que habría que tomar pero no se está haciendo”, lamenta Zapirain.

Las asociaciones de apoyo al inmigrante tampoco dan crédito a la medida adoptada por el Gobierno español. “No sabemos qué va a ocurrir. Lo que queremos saber es si a partir del 1 de septiembre una persona en una situación irregular va a poder acceder o no a un ambulatorio”, exige Mikel Mazkiaran, portavoz de SOS Racismo.