La consejera de Sanidad, Ángeles Palacios, confirmó ayer que, tal y como adelantó ‘La Verdad’, su departamento apuesta por establecer «excepciones» a la norma que prepara el Ministerio, y que obliga a los inmigrantes ‘sin papeles’ a pagar una póliza de 710 euros anuales para acceder al sistema sanitario (si no firman, solo podrán acudir a Urgencias). La Consejería plantea que los enfermos crónicos que «ya están en tratamiento» puedan seguir recibiendo asistencia gratuita, sin que se les exija el aseguramiento. Palacios se refirió a enfermos de sida, con insuficiencia renal o cáncer.

«Es de toda lógica no dejar a mitad de un proceso cuando está en un tratamiento de este tipo», explicó en declaraciones a los medios en Cartagena, tras visitar un centro infantil. «No se pueden dejar a mitad porque salga una normativa, habrá que continuar», explicó.

Con sus declaraciones, Palacios introduce un matiz importante: los actuales crónicos – con patologías graves – seguirían accediendo al sistema gratuitamente. Pero, ¿qué ocurrirá con los inmigrantes indocumentados a los que se diagnostique a partir de septiembre una de estas enfermedades? Si la orden del Ministerio se aprueba en los términos ya conocidos, se les exigirá pagar. ¿Qué pasará entonces si no tienen fondos? Además, fuera de los ejemplos dados por la consejera quedan patologías aparentemente menos graves como la diabetes, que necesitan sin embargo de un seguimiento para evitar complicaciones.

Palacios subrayó que el texto presentado por el Ministerio es un «primer borrador», y admitió que la obligación de que los ‘sin papeles’ firmen una póliza es uno de los puntos «más conflictivos». Las comunidades tienen ahora un mes de plazo para presentar alegaciones. Palacios advirtió que en Murcia se aplicará la norma que consensúen Ministerio y comunidades, porque las pólizas «deben ser comunes para todo el territorio nacional».

El PSOE habla de «racismo»

La diputada socialista Teresa Rosique acusa por su parte al PP de «racismo y xenofobia», y denuncia que los planes del Gobierno suponen «un ataque frontal hacia las personas más vulnerables». Rosique subraya que la medida supondrá «un retroceso en los derechos humanos» y tendrá escasa repercusión en el ahorro, porque los inmigrantes irregulares suponen en torno «al 0,68% del gasto sanitario», según datos de la Junta de Andalucía. También la Asociación de Usuarios de la Sanidad critica los planes del Gobierno, y pide a la Consejería que cumpla con su compromiso de atender a los pacientes crónicos.