La plataforma “Tenemos derecho a la salud sin condiciones”, integrada por organizaciones de defensa de los inmigrantes , anunció ayer manifestaciones en distintas ciudades españolas el próximo 1 de septiembre para mostrar su rechazo a los cambios del sistema sanitario que entran en vigor ese día.

Víctor Sáez, uno de los portavoces de la plataforma (integrada por Médicos del Mundo, Red Acoge, CEAR, Amnistía Internacional y Ferine, entre otras) explica que van a reclamar al Gobierno que retire el decreto que modifica la cobertura sanitaria a los inmigrantes .

Los extranjeros que se encuentren en España y no coticen a la Seguridad Social tendrán que pagar una cuota mensual si quieren tener una cobertura completa en el Sistema Nacional de Salud.

Así, deberán suscribir una especie de póliza o convenio, con pagos similares a los seguros sanitarios privados.

Las organizaciones consideran que la reforma del Gobierno vulnera derechos, que España se comprometió a defender suscribiendo diversos convenios internacionales.

“Solicitamos la derogación inmediata del decreto; haremos desde el 1 de septiembre manifestaciones rechazando su puesta en marcha, porque es una sangrante vulneración del derecho a la vida, a la dignidad y a la salud humana”, señaló.

Segregación social

La normativa “segrega a una parte importante de la sociedad, que deja al margen de la atención sanitaria e incorpora un elemento de copago, como una manera elegante de marginar a las personas indocumentadas, al tener que pagar una alta cifra que no tienen”, indica.

La plataforma prepara diversas actividades a desarrollar en hospitales públicos y está realizando “talleres para informar de los derechos que se vulneran y para hacer una potente demostración ese sábado 1 de septiembre por la mañana”.

“España firmó el tratado de Roma y otros convenios mediante los que se compromete a defender el derecho a la salud de todos los ciudadanos que habitan en el país; se debería regresar a la antigua ley que recogía el acceso libre y gratuito a la atención primaria y a la especializada”, insistió, al tiempo que lamentó que se esté justificando la medida como un ahorro.

“Si por una falta de asistencia, se declarara una epidemia por no hacer ese control primario, los costes para el estado serían mucho más altos”, advirtió.

Desde Aculco (Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por Colombia e Iberoamérica), Iván Santos indicó ayer que “tiene que haber medidas de control para evitar el turismo sanitario, pero sin que afecten al modelo social establecido y a la solidaridad con los más vulnerables”. “La cuestión de la salud incumbe a toda la población. Si alguna persona viene a España con una enfermedad, debe ser prioritario su asistencia para proteger al resto de los ciudadanos”, recalcó.

La medida del Gobierno de Rajoy ha recibido múltiples críticas de la oposición y de diversas entidades por considerarla no solo injusta y una clara regresión social y de derechos, en línea con otras decisiones del gabinete de Rajoy desde que accedió al poder a finales de 2011, sino precisamente por los mayores costes económicos y sociales que supondría el hecho de que muchos inmigrantes que no coticen opten por no acudir a los centros de salud para no pagar y, con ello, puedan empeorar y extender sus dolencias o enfermedades entre el resto de la población.

Además, se advierte de que el hecho de que sí puedan acudir a las urgencias puede, a su vez, colapsar ese servicio, con las consecuencias negativas que también tendría para el resto de españoles o inmigrantes “con papeles”.