La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) vaticina que el uso abusivo que se hace actualmente de estos servicios empeorará aun más cuando se retire la tarjeta a los inmigrantes ilegales, al convertirse en el único recurso con el que contarán ante un problema de salud.

El presidente de SEMES, Tomás Toranzo, señala que, a partir del 1 de septiembre, cuando entre en vigor esta medida, aumentará “en mucho la frecuentación” de los servicios de urgencias por parte de quienes pierdan su derecho a la Atención Primaria por no cotizar en España, salvo que, como planea el Ministerio de Sanidad, paguen una cuota si quieren cobertura completa.

Hasta el momento, quienes no disponían de tarjeta sanitaria en España accedían a los hospitales vía urgencias y la asistencia se mantenía hasta el alta hospitalaria. Esta situación, aun siendo minoritaria, provocaba frecuentes abandonos de tratamientos, especialmente preocupantes en el caso de las enfermedades más graves y las crónicas.

Con el nuevo decreto de ahorro sanitario, según los médicos de urgencias, la excepción se convertirá en norma y traerá graves consecuencias.

Toranzo confiesa que el colectivo de profesionales de urgencias está “desmotivado” por la carga asistencial “excesiva” que ya “soportan” y por los “recortes” que sufren, mientras que el Gobierno continúa exigiéndoles “cada vez más en respuesta a las necesidades de la población”. Según subraya, los inmigrantes sin papeles buscarán atención médica ahora ante “cualquier contingencia de salud”.