Los porcentajes de expulsión de inmigrantes desde España a sus países de origen son actualmente “muy altos”, aseguró ayer el comisario general de Extranjería y Fronteras, Emilio Baos Arrabal. A preguntas de los periodistas, el mando policial, de visita en Melilla, afirmó que existe actualmente en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) un número “aceptable” de expulsiones de inmigrantes, dado que se han producido cambios a lo largo del último periodo. Según explicó, se han registrado variaciones en los requerimientos de las personas que pueden ingresar en los CIE, lo que ha provocado, a su vez, que los porcentajes de expulsiones estén cambiando. “Nuestro interés está centrado en estos momentos en aquellos que pueden tener una incidencia en la seguridad ciudadana y no en otro tipo de conductas”, afirmó el responsable policial. Baos Arrabal dijo que en los CIE no sólo se entra como paso previo a la expulsión, sino que también se puede entrar de acuerdo a otra figura, que es “la devolución por entrada clandestina de fronteras”. En estos casos, se depende mucho de la identificación del inmigrante, así como del trabajo que se realiza en los países de origen para la aceptación de sus ciudadanos. Afirmó que se están realizando vuelos de expulsión, un procedimiento que no es el único que se puede dar, ya que existen casos en los que también se produce la integración de los inmigrantes, a partir de trabajos vinculados a ONG u otras posibilidades. “No hay un solo medio de reacción frente a esto, sino que hay una pluralidad de acciones que se pueden emprender según se tenga capacidad de respuesta o no en cada caso, o de las circunstancias que realmente se aprecien en el individuo extranjero”, aseveró el comisario general de Extranjería y Fronteras. Con aviso previo Desde febrero, además, las autoridades deben avisar con 12 horas de antelación a los internos de que van a ser expulsados. Un auto conjunto de los tres juzgados de vigilancia del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche (Madrid) obliga, desde ese mes, a dicho preaviso. Hasta entonces las expulsiones se producían sin previo aviso, por lo que los magistrados reconocen que los foráneos “quedaban abandonados a su suerte en el país de destino”. Este hecho ya había sido denunciado por varias ONG.