Los inmigrantes que viven en España y no tienen regularizado su permiso de residencia, a los que el Ministerio de Sanidad suspenderá el derecho a la sanidad pública a partir del 1 de septiembre, podrán acceder a dicha asistencia si suscriben unos convenios, similares a las pólizas de los seguros privados, por los que habrán de pagar 710,40 euros al año ¿59,20 al mes¿ si tienen menos de 65 años, o 1.864,80 euros anuales (155,40 euros al mes) en el caso de los mayores de 65. La medida, según publicó ayer El País , deberá ser ejecutada por las comunidades autónomas. Aunque Catalunya, al igual que Andalucía y el País Vasco, han anunciado su decisión de mantener el acceso a la sanidad pública de los inmigrantes irregulares, su margen de actuación será muy limitado en este punto, ya que la regulación de las tarjetas sanitarias dependerá del Instituto Nacional de la Seguridad Social, adscrito al Ministerio de Sanidad.

En la misma circunstancia que los simpapeles quedarán las personas cuya renta anual supera los 100.000 euros. El decreto publicado por Sanidad ¿en abril y modificado en julio¿ excluye del acceso a la sanidad pública a las personas que disponen de rentas anuales definidas como «altas o muy altas» no obtenidas a partir de un trabajo por el que se pagan los impuestos corrientes.