El estado de Texas acometió anoche su séptima ejecución del año, una inyección letal que en 14 minutos acabó con la vida de Marvin Wilson, un hombre negro de 54 años condenado por el asesinato en 1992 de un confidente de la policía que le había implicado en un caso de tráfico de cocaína. La siempre controvertida aplicación de la pena capital en Estados Unidos tuvo en esta ocasión un componente más de polémica: el ejecutado tenía un cociente intelectual de 61, nueve puntos por debajo de lo generalmente considerado como inteligencia operativa.

Fue el Tribunal Supremo, el órgano que en el 2002 decretó que “los retrasados mentales deben ser categóricamente excluidos de las ejecuciones”, el que ayer mismo rechazó dos horas antes de la ejecución de Wilson la última apelación de sus abogados, que no lograron convencer al alto tribunal ni sobre la discapacidad mental de su cliente ni sobre las dudas que rodeaban su condena (uno de los factores clave para lograrla fue que la esposa del otro implicado en el asesinato acusó a Wilson de haber confesado el crimen).

En la decisión del 2002, el Supremo permitió que fueran los estados los que determinaran qué constituye una discapacidad mental, y ayer se inclinó por la opinión de la fiscalía de Texas de que Wilson no los cumplía. La fiscalía aseguraba que Wilson era manipulador cuando le convenía y apoyándose en “sus trapicheos de drogas, apuestas y estilo de vida criminal desde temprana edad” afirmaba que “era obviamente competente gestionando dinero”.
Disparidad de criterios

Los abogados públicos también han defendido en el caso que la prueba que marcó el cociente intelectual de Wilson era fallida. En cualquier caso, los parámetros que usa Texas para decidir quién sufre retraso mental son cuestionados. El estado desarrolló hace años en otro caso de pena de muerte una serie de siete criterios, conocidos como “los factores Briseño”, que la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y de Desarrollo ha criticado como “basados en falsos estereotipos sobre el retraso mental que de hecho excluyen a todos salvo los más severamente incapacitados” y que el abogado de Wilson, Lee Kovarsky, denunció como “prácticamente imposibles” de probar para lograr evitar una ejecución.

Texas usó también para justificar esos parámetros un personaje literario, Lennie Small, uno de los protagonistas de la novela de John Steinbeck ‘De ratones y hombres’, diciendo que “la mayoría de ciudadanos estarían de acuerdo en que el Lennie de Steinbeck debería estar exento (de la ejecución) por su falta de capacidad de razonamiento y aptitudes de adaptación”. Ese hecho ha llevado al hijo del escritor a implicarse en el debate. “No tenía ni idea de que el gran estado de Texas usaría un personaje de ficción que mi padre creó para decir algo sobre lealtad humana y dedicación como guía para identificar si acusados con discapacidad intelectual deben vivir o morir”, ha lamentado Thomas Steinbeck. “Mi padre era un escritor con un don y el personaje nunca tuvo la intención de ser usado par diagnosticar una condición médica”.